por Alberto Barlocci*.

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Nestor Kirchner

Inacio Lula da Silva.

La actitud de Brasil y Argentina contiene, en realidad, el siguiente mensaje dirigido al FMI:
¡les pagamos lo que debemos,
con tal de que se termine!

La realidad, es que con esta decisión, los dos países sudamericanos evitan las continuas e irritantes presiones a las cuales están sometidos desde hace años, a través del monitoreo al cual están obligados los asistidos por el FMI. El motivo es que se hace cada vez más evidente que este organismo de crédito parece haber asumido el rol de garante de los intereses económicos de poderosos lobbys empresarios y financieros, casi siempre pertenecientes al Primer Mundo, aunque no sólo, que han realizado lucrativos negocios aprovechando el endeudamiento externo (acrecentado por las tasas de interés de usura y por las poco beneficiosas reestructuraciones), de las privatizaciones de los servicios públicos, a menudo envueltas por casos de corrupción. Enceguecido por la lógica del “Consenso de Washington” transformada en una serie de dogmas válidos para cualquier país y en cualquier circunstancia, independientemente de la especificidad de cada economía, el Fmi se ha transformado en promotor de una globalización sin reglas que, casi por doquier, ha enriquecido una pequeña parte de la población, y concentrado en pocas manos las riquezas disponibles.

Lo ha señalado varias veces el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que desde su lugar de vicepresidente del Banco Mundial, en su momento, pudo conocer de cerca el modus operandi de estos dos organismos multilaterales de crédito. En su libro El malestar en la globalización, (Buenos Aires, 2002), Stiglitz señala que a menudo la política del FMI “reflejaba los intereses y la ideología de la comunidad financiera internacional”, con recetas que eran “una mezcla curiosa de ideología y mala economía, un dogma que en ciertos momentos parecía ocultar otros intereses”.

Una actitud que la crisis argentina de 2001 puso en evidencia. En plena emergencia económica, con una inflación que pasó de 0 al 30% en un mes, con sueldos rebajados entre un 10 y un 20% y una caída del Producto Bruto Interno del 20%, el FMI insistía en la reducción del gasto del Estado y en el aumento de las tarifas públicas hasta un 30%.

En esas dramáticas circunstancias, los mismos dirigentes del organismo que poco antes presentaban a la Argentina como su “alumno modelo”, no sólo se lavaron las manos luego de una catástrofe de la que fueron corresponsables, sino que su principal preocupación fue garantizar los márgenes de ganancias de las empresas públicas privatizadas por capitales internacionales; márgenes que se habían reducido al pasar por la devaluación del peso argentino.

Lula y Kirchner han realizado un gesto que sí es discutible en el plano de los principios, porque de hecho calla sobre las graves responsabilidades del FMI, es quizás más comprensible desde el punto de vista pragmático. En primer lugar, porque evita las intromisiones en la política económica interna, y porque el 50% del poder decisional del FMI está en manos de los países del G7, ante los cuales la debilidad de los dos gobiernos es evidente.

Sin embargo, se trata de un gesto que rompe con la tradicional docilidad de los gobiernos anteriores ante un organismo que parece haber perdido por completo el espíritu que originó su nacimiento, en aquel lejano 1944.

No es poco, sobre todo en el contexto latinoamericano, a menudo domesticado por los intereses del capitalismo de cuño neoliberal, que durante décadas han hecho y desecho gobiernos y economías a su gusto. Un signo de esta domesticación es el tremendo peso de la deuda externa de la región, cercana a los 800 mil millones de dólares (de los cuales Brasil y Argentina deben juntos casi la mitad). Gracias a la acción conjunta entre FMI y Banco Mundial empresarios y especuladores con pocos escrúpulos se han beneficiado de la flexibilización laboral, de la desregulación del sistema financiero y de la apertura comercial impuestos como dogma por ese Primer Mundo que gasta en subsidios de su propia producción 300 mil millones al año, casi mil millones diarios, desvirtuando así la expresión libre mercado.

Ahora bien, el hecho de que haya sido posible el gesto de Lula y Kirchner dice que en el contexto sudamericano algo está cambiando. En efecto, una mirada al panorama político revela cambios sustanciales: cada vez más gobiernos se están orientando a encarar políticas sociales destinadas afrontar los problemas de pobreza y miseria estructural. A su vez, es evidente el progresivo alineamiento de Brasil, Argentina y Venezuela. Sus posturas, durante la Cumbre de las Américas realizada en noviembre, lograron prácticamente neutralizar la avanzada del ALCA (Area de Libre Comercicio de las Américas), idea perseguida por Washington, pero que en las condiciones actuales ofrecería ventajas más que nada para el coloso estadounidense.

Además, el presidente venezolano Chávez ha logrado el próximo ingreso de Venezuela en el Mercosur, mientras que va tomando forma un proyecto de integración energética entre los tres países.

Pero el 2005 ha marcado cambios en el mismo sentido también en Uruguay y en Bolivia, donde el presidente Evo Morales es el primer Jefe de Estado de origen indígena. En Chile, a su vez, la flamante presidenta, Michelle Bachelet, ya ha anunciado la continuidad de las políticas sociales que han bajado la pobreza en 15 años del 40 al 18%, con un mayor énfasis en la redistribución del ingreso.

La novedad de este nuevo contexto, no está en la orientación política de estos gobiernos, que de por sí no es necesariamente garantía de una buena gestión, sino en la decidida oposición a las teorías neoliberales hasta ahora aceptadas como el único camino posible; en la búsqueda de una alternativa al mito de la “mano invisible” de un mercado que en la región ha mostrado con absoluta dureza su rostro inhumano.

Se trata de gobiernos que, por lo menos en sus intenciones, se anuncian dispuestos a hacer de la justicia social el caballo de batalla de su gestión, como lo demuestran los denodados esfuerzos realizados precisamente por Brasil y Argentina. Lo cual, no es poco.

Dicho proceso, que si se observa detenidamente está lejos de ser políticamente homogéneo, asume numerosos desafíos. En primer lugar, el de la necesidad de consolidar las instituciones, a menudo deficitarias de una experiencia auténticamente democrática. En este sentido, hará falta “invertir” en democracia.

Y también hará falta consolidar el avance en la integración regional, pero con objetivos mucho más amplios que los comerciales, para que penetre hasta las profundas raíces culturales comunes.

En este sentido, Europa podría desarrollar un rol importante, sobre todo si es capaz de comprender la necesidad de construir nuevos interlocutores en el escenario internacional, donde hace falta recuperar el multilateralismo.
Habrá que ver si las promesas se cumplirán. Mientras tanto, algunos han comenzado a decir: ¡Basta!