<< JULIO - AGOSTO / 2006 No.154	ECONOMÍA

	Una calurosa mañana dominical del pasado mes de mayo me dispuse a realizar uno de mis frecuentes recorridos por el mercado agropecuario de oferta-demanda ubicado en la calle Monte, muy cerca de la famosa esquina de los Cuatro Caminos, una concurrida zona habanera donde convergen los municipios Cerro, Centro Habana y Habana Vieja. Algunos podrán pensar que me anima un espíritu masoquista, puesto que mucho más cerca de mi casa existen varios puntos de venta estatal y a precios más asequibles; sin embargo, lo que paso a exponer me reafirma entre las personas que nada tienen que ver con esa especie de perversión que nos complace al vernos maltratados.
	El intermediario. por Orlando Freire Santana. .
Bajando por la calle Manglar se distingue, a escasas dos cuadras de mi objetivo, una valla anunciadora que nos indica la presencia de otro mercado agropecuario. Se trata del Mercado Agropecuario Estatal (MAE) “El Arroyo”, el
cual no funciona según los dictados del mercado, sino mediante un sistema de precios topados que, supuestamente, protege a la población del accionar de elementos inescrupulosos que intentan enriquecerse a costa de las necesidades del pueblo. Comoquiera que pertenezco al grupo de ciudadanos que viven de su salario, y aun a sabiendas de la precariedad de la oferta de muchos de estos mercados, es inevitable que en ocasiones decida desviarme y entrar en “El Arroyo” con la esperanza de hallar alguna vianda o una que otra fruta que no afecten tanto mi bolsillo. Pero el panorama que me ofreció esa mañana “El Arroyo” fue desalentador: de los cuatro o cinco kioscos que habitualmente ofertaban productos del agro, solo había dos funcionando. Unos pocos clientes buscaban con desgano entre unas yucas y boniatos de pésima calidad, unos tomates chiquiticos y casi pasados y unos mangones inmensos pero verdes por completo. ¿Qué habrá pasado aquí?, me pregunté confundido al recordar que un tiempo atrás había visitado ese lugar con un resultado no tan calamitoso. Incluso noté la ausencia de vendedores que siempre había visto allí y que al parecer optaron por incursionar en otros sitios más promisorios. Entonces camino de la Plaza de Monte fue inevitable que relacionara el desabastecimiento de “El Arroyo” con la serie de artículos que sobre la comercialización de los productos agropecuarios ha venido publicando el periódico Granma. Por ejemplo, en la edición del pasado 17 de febrero aparece una entrevista con Frank Castañeda, director de la Unión Nacional de Acopio, la entidad estatal responsabilizada con el suministro a los MAE. En la ocasión el funcionario enumeró algunos elementos negativos que gravitan en el entorno de Acopio y que obviamente afectan su gestión: al cierre del 2005 Acopio tenía pagos pendientes a los productores por un valor de 750 mil pesos; acumulaba pérdidas en su gestión por 53 millones de pesos –he ahí la causa fundamental de los impagos–, contaba con 400 camiones inactivos por falta de neumáticos, baterías y piezas de repuesto; y las condiciones de trabajo del comprador estatal de Acopio son precarias, pues se trata de un hombre que anda a pie y debe atender a una gran cantidad de agricultores. Sin embargo, al margen de las limitaciones anteriores –algunas de carácter objetivo y que podrían intentar justificarse aludiendo a bloqueos y a las difíciles condiciones económicas que afronta el país– subsisten otras de franco matiz subjetivo y que son típicas de economías centralizadas donde la gran cantidad de escalones que median entre el productor y el consumidor final generan una burocracia que liquida la agilidad que debía caracterizar a ese proceso. Me referiré tan solo a una: para que se apruebe el precio a un producto en un MAE, y por tanto pueda estar a disposición de los consumidores, ese importe debe ser analizado por funcionarios del Ministerio de la Agricultura, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Unión de Acopio y las autoridades del propio Mercado. Pero ahí no acaba el trámite, sino que debe finalmente recibir el visto bueno del Consejo de la Administración Territorial del Poder Popular de la localidad correspondiente. Cuando a la postre arribé a mi destino en el Mercado de oferta-demanda de la calle Monte respiré aliviado. ¡Qué gran variedad de viandas, frutas y productos cárnicos exhibían las tarimas! Es cierto que, por lo general, los precios son más altos que los del MAE, pero si precisamos explorar en los extremos, son preferibles los precios elevados antes que las tarimas vacías. Y de inmediato estuve delante del principal responsable de esa abundancia: el intermediario. Un personaje en ocasiones acremente calificado por las autoridades, y mal visto también por muchos ciudadanos de a pie quienes, ingenuamente, solo ven en él al causante de los precios espigados, y no a los que, contra viento y marea, posibilitan mantener el surtido y la calidad en estos mercados de oferta-demanda. Bien sabido es que el productor agropecuario no acude a vender sus producciones, sino que delega en otro eslabón para que las ofrezca a los consumidores. En el caso de los mercados de oferta-demanda, ese eslabón no es Acopio ni las Cooperativas de Producción Agropecuaria, sino los intermediarios, trabajadores por cuenta propia que, a diferencia de la estatal Unión Nacional de Acopio (intermediario estatal), siempre pagan puntualmente a los productores, siempre consiguen transporte para trasladar las mercancías, siempre resuelven el combustible para mover ese transporte, y siempre llegan hasta el campesino más aislado con tal de que la cosecha llegue al mercado. Y, ciertamente, garantizar también sus ingresos. El intermediario no vende barato, en parte por una absurda aplicación del sistema tributario. Él arriesga su dinero en una inversión previa sin saber cuál será el nivel de ventas. Además de los desembolsos iniciales que se deducen de lo que referimos anteriormente, debe realizar todos los días, y antes de comenzar las ventas, una declaración jurada por el total de productos que piensa vender, y en base a eso (venda o no venda) pagar un impuesto al Estado. Tomando en cuenta lo anterior, se comprende que oferte al precio más alto que permita el mecanismo automático de la oferta y la demanda en el libre mercado para garantizar sus ganancias. Lo ideal sería que el impuesto fuera sobre las ganancias de las ventas, no antes de vender. De la forma establecida, el Estado garantiza recoger los impuestos, el intermediario garantiza sus ganancias, y el cliente tiene garantizados precios elevados. Hay realmente precios absurdos y abusivos, pero al parecer se trata ya de un sistema viciado que necesitaría total revisión. Ahora bien, si el Estado, con todas sus posibilidades de oferta de productos del agro (las Placitas, los MAE, los mercados del EJT, las ferias de fin de mes), fuera capaz de satisfacer cabalmente en cantidad y calidad la demanda de la población, a los intermediarios no les quedaría más remedio que bajar sus precios, pues no iban a dejar que los productos se pudrieran en sus tarimas. Pero lamentablemente no ha sucedido así. Entonces, identificar “un solo culpable” de los altos precios no es tan simple. Es cierto que ninguna voz ha pedido el cierre de estos mercados de libre comercialización. Mas se ha insinuado la posibilidad de topar lo que se consideran algunos “precios abusivos”. Eso sería tan desacertado como el susodicho cierre. Si los precios se topan, los productores o los intermediarios podrían optar por no llevar los productos al Mercado, o llevar sólo una parte, y venderlos en bolsa negra en otros lugares, pues seguramente encontrarán compradores necesitados prestos a pagar el precio que ellos fijen. No olvidemos, por favor, los primeros años de la década del 90, cuando teníamos que peregrinar hasta Güira de Melena para conseguir la malanga de nuestros hijos. Invito a los ciudadanos que, como yo, lamentan con frecuencia que su salario se esfume apenas traspasada la puerta de un agromercado, a analizar la situación sin prejuicio. Si acuden a uno como éste de la calle Monte, y encuentran allí algún producto que no aparece en otros lugares, si se quejan del precio, celebren también el haberlo hallado. No echemos más leña al fuego con un clamor rayano en la candidez. Cuidemos la gallinita de los huevos de oro. E invitaría también a todos los involucrados de un modo u otro con los altos precios –productores, intermediarios y entidades impositivas– a trabajar unidos para lograr soluciones que beneficien el bolsillo, la mesa y, por tanto, la vida de nuestra población.