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La economía informal
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por Orlando Freire Santana
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La economía informal constituye tan solo una forma más de manifestación económica en una sociedad determinada, y su presencia la observamos lo mismo en un país industrializado que en una nación empobrecida, aunque en estas últimas en una proporción muy superior. De acuerdo con el canon comúnmente aceptado, esa práctica debe de desembocar en un producto –o servicio– final legal como consecuencia de un proceso productivo ilegal. A diferencia de ella, la llamada economía formal exhibiría la licitud de ambos momentos.
Las personas que han viajado a las principales ciudades de América Latina, sobre todo aquellas urbes que cuentan con una apreciable población indígena, de seguro habrán notado la abundancia de timbiriches o tarimas en las calles ofertando todo tipo de mercaderías, sin que sus vendedores, al parecer, posean documento alguno que los autorice a semejante actividad. Incluso pueden existir pequeños o medianos establecimientos, con mano de obra incluida, en idéntica condición. Entonces lo que hermana a unos y otros, y los lleva al estatuto de informales, es el no haber podido –o querido– registrar o legalizar sus negocios.
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| Según un reportaje de la revista colombiana Perspectiva,1 en el año 2005 el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) de Guatemala realizó un análisis de la economía informal en ese país, y llegó a la conclusión de lo poco identificado que estaba ese sector con las instituciones políticas y económicas de la nación. Con independencia de que a algunos les agrade permanecer al margen, casi se llegó al consenso de que la exclusión se debía en lo fundamental a fallas institucionales y administrativas. Demoras burocráticas en los trámites para registrar una empresa nueva; excesiva concentración geográfica de las entidades donde se realizaban dichos trámites, con la consiguiente dificultad para las personas que vivían en otros sitios; así como el hecho de que la mayor parte de la documentación requerida aparecía solamente en español –tómese en cuenta que una porción de la masa indígena no habla nuestra lengua–, eran algunas de las limitantes. |
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El asunto reviste suma trascendencia al conocerse que en ese país, en el año 2004, el 75,4% de la población económicamente activa trabajaba en actividades informales, y que poco menos de la mitad de lo que allí se produce o comercializa procede de ese sector de la economía. Una situación parecida es posible contemplarla en no pocos países de la región. Esos informales serían los grandes excluidos de esas sociedades, puesto que no accederían a los beneficios y compromisos de las instituciones que de ellas emanan: el empleo de la ley para dirimir los conflictos laborales, la protección social de esos trabajadores, lo reducido del segmento del mercado a atender, así como el no tributo de impuestos para contribuir con las obligaciones presupuestarias. Sin dudas, la inclusión progresiva de esos sujetos de la economía informal es una tarea pendiente para los que apuestan por la viabilidad de la economía de mercado.
Pero, tal y como expresamos al inicio, la economía informal no es un fenómeno privativo de cierto estadio de desarrollo o determinada tendencia ideológica. Si nos atenemos a la definición que de ella ofrecimos –que es la misma que sostiene el CIEN de Guatemala–, no es preciso ser muy perspicaz para comprobar que en Cuba se halla muy extendida. Nuestros informales son todos aquellos que practican una actividad económica ajena a la propiedad estatal y que no poseen una licencia oficial para ejercer su trabajo por cuenta propia. Entre ellos descuellan los taxistas que alquilan por la libre y les advierten a los pasajeros que si la policía los para, digan que son familiares o amigos suyos; los vendedores de pizzas u otro alimento que actúan de un modo reservado, generalmente por encargo; los que arriendan una vivienda o una habitación a hurtadillas, casi siempre si el aspirante a arrendatario viene recomendado por un cliente anterior; los que prestan cualquier tipo de servicio “por la izquierda”; y últimamente –los mas osados– aquellos que vocean por las calles las más disímiles variedades de viandas, frutas y cuanto producto pueda uno imaginar.
A pesar de las similitudes que puedan existir entre la economía informal cubana y la que se lleva a cabo en otras regiones, salta a la palestra una diferencia capital; mientras que esta última subsiste a la vista pública y sin interferencias, la que se ejerce en nuestra isla, por lo general, debe permanecer a escondidas pues afronta la represión de las autoridades. En caso de descubrirse la actividad económica ilegal, las multas resultan de consideración, e incluso los taxistas y arrendadores se exponen a la confiscación de sus vehículos y viviendas, respectivamente. Justo es consignar que hasta los propios trabajadores por cuenta propia legales (con licencia), a veces se ven forzados a incurrir en una especie de semi informalidad debido a la carencia de lugares oficiales adonde acudir para abastecerse de sus insumos, y por tanto, deben adquirirlos “por fuera”, sin un vale o factura que justifique la compra. Una transacción por la que también enfrentan la penalidad de los inspectores estatales.
En condiciones de un control casi total del Estado sobre la economía, donde muchos precios son subvencionados y no reflejan la relación oferta-demanda, la economía informal con frecuencia opera en los vericuetos del denominado mercado negro –la verdadera manifestación del mercado cuando una autoridad decide fijar los precios tomando en cuenta criterios extraeconómicos–, por lo que no resulta aventurado afirmar que esa actividad económica ilegal pervive, de una parte, como un parásito a expensas de los espacios que el Estado no logra ocupar.
De otro lado resalta la certeza de que nuestra informalidad se nutre igualmente de las restricciones que se le imponen al trabajo por cuenta propia legal. Datos obtenidos en la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) dejan ver que un número significativo de ocupaciones que habían sido autorizadas en 1994, ya hoy no admiten a nuevos aspirantes, entre las cuales sobresalen las muy demandadas chofer de alquiler, elaborador-vendedor de alimentos, poncheros, proyectador de películas y animador de fiestas infantiles. Además, a cada nuevo solicitante, de estar comprendido en la edad laboral, se le exige que mantenga un vínculo laboral con el Estado. O sea, que el trabajo por cuenta propia debe realizarlo en el escaso tiempo que le quede libre, sin que por ello disminuyan sus obligaciones impositivas.
Sabemos que muchos de los que hoy forman parte de la economía informal, irían a engrosar la formalidad si recibieran facilidades para ejercer el trabajo por cuenta propia de un modo reglamentario. El ambiente de legalidad redundaría en beneficios tanto para los cuentapropistas como para las autoridades. A los primeros porque se liberarían de la zozobra permanente que acompaña a todo aquel que permanece al margen de la ley, mientras que las segundas podrían controlar mejor la higiene de los alimentos, la seguridad de los vehículos que trasladan pasajeros, la calidad de los insumos y materias primas, así como habría un tributo mayor al presupuesto estatal.
Reducir la economía informal en la Cuba de hoy sin el empleo de la fuerza –como ha sido desafortunadamente la regla hasta el momento– es una tarea compleja, que requiere tiempo y un enfoque multidimensional. Si se decide que la propiedad estatal continúe como la preponderante en nuestra economía –parece lo más probable–, es menester que las empresas y entidades aumenten la producción de los artículos de consumo, así como la cantidad y calidad de los servicios que le prestan a la población, de modo tal que los consumidores no tengan que acudir a otros medios para satisfacer sus necesidades.
Por otra parte se precisa revertir la inversión de la pirámide económica para que el salario sea el principal estímulo material. Desde luego, semejante reversión pasa por eliminar la presencia de dos monedas, y que el trabajador posea pleno poder adquisitivo con el dinero que le pagan por su trabajo. Sólo así la gente preferirá emplearse con el Estado antes que quedarse en casa y “resolver” con cualquier “bisne”. Por último, no puede faltar la voluntad política de las autoridades para permitir el trabajo por cuenta propia cuando las condiciones y la aptitud de las personas así lo aconsejen.
En resumidas cuentas, lo mismo en una sociedad capitalista que en otra socialista, la proliferación de la economía informal es una muestra de que las instituciones no han sido capaces de asimilar a esas personas que han debido recurrir a esas prácticas ilegales con tal de ganarse la vida.
Notas:
1. Revista Perspectiva, No. 11, 2006.
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