Cuando se piensa en la historia de la nación cubana desde la colonia hasta estos tiempos puede asegurarse que siempre esta tierra generosa y solidaria ha contado con hombres –en el ámbito de la cultura y la política, también en el de las luchas obreras–, no siempre coincidentes en las ideas políticas e ideológicas, que fustigaron a la corrupción, con la palabra y la acción, en todos los órdenes de la vida nacional. En una larga relación de nombres que acuden a mi memoria, más cercanos cronológicamente a nosotros, resaltan en ese sentido el profesor Manuel Bisbé Alberni, el diplomático Cosme de la Torriente, el escritor Jorge Mañach, el doctor Herminio Portell Vilá, el doctor Manuel Dorta Duque, Aracelio Iglesias, líder del sindicato de Estibadores y Jornaleros de la Bahía de La Habana y Jesús Menéndez, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Azucareros (FNTA).
Reclaman mi atención el senador Eduardo Chibás Rivas, a pesar de sus excesos políticos en la oratoria, y el senador Pelayo Cuervo Navarro, vinculados ambos en la oposición a la pretendida reforma constitucional con vistas a la reelección presidencial; los dos apostaron fuerte contra la corrupción, mal que, por supuesto, no comenzó ni terminó durante el gobierno del doctor Ramón Grau San Martín –quien asumió la presidencia de la República en 1944, por segunda ocasión en su vida–, pero alcanzó durante los años de ese mandato (1944 a 1948) una magnitud escandalosa. |
Cosme de la Torriente. |
Pelayo Cuervo Navarro gozaba de prestigio como abogado brillante y destacado parlamentario. Aunque había militado en varias agrupaciones políticas por las cuales fue elegido representante a la Cámara y senador en distintas legislaturas, su actuación pública resultó trascendente durante su permanencia en el Partido Revolucionario Cubano (Auténtico), pero sobre todo cuando se unió a Chibás en el Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), el cual fue fundado el 27 de mayo de 1947 en la residencia de Pelayo.
El senador Cuervo Navarro fue miembro de la Comisión Cubana que participó en la “Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz” (Conferencia de Chapultepec, México, febrero de 1945). La Comisión Cubana estaba presidida por el doctor Gustavo Cuervo Rubio, ministro de Estado, y de ella también fueron miembros Eduardo Chibás, Emilio Núñez Portuondo, Manuel Bisbé y Manuel Dorta Duque.
Los años 1947 y 1948 fueron relevantes en la lucha de la probidad vs la corrupción. Los días 6 y 27 de julio (1947), en la hora radial que Eduardo Chibás tenía en la CMQ, situada entonces en la calle Monte casi esquina a Cárdenas, Pelayo Cuervo pronunció dos contundentes discursos, publicados después en forma de folleto por la Editorial Publicitas con el título de Estado Económico de la Hacienda Pública. En el primero de ellos aborda el déficit en el tesoro de la República, y el incumplimiento de Ramón Grau san Martín, con respecto a los compromisos contraídos con la nación, en relación con la hacienda nacional. El Presidente había prometido en su primer Mensaje al Congreso (leído el 10 de octubre de 1944), que “(…) haría cesar la perniciosa práctica de administrar la hacienda nacional sin presupuestos, y que ordenaría los ingresos y gastos nacionales en la forma dispuesta por la Constitución…”. (ob.cit., p.8) Palabras que se llevó el viento, como la de proponerle al Congreso la derogación de la Ley de Ampliación Tributaria por ser contraproducente, entre otras razones. |
Jesús Menéndez. |
En esa ocasión, Cuervo Navarro refiere que, en las últimas semanas, la prensa de la capital informaba del déficit existente en la Tesorería General de la República –a pesar de las enormes recaudaciones obtenidas por el Estado– como consecuencia de la indebida administración de la hacienda pública; e inserta en su discurso interesantes datos publicados por El Mundo (27 de junio ) y Alerta (30 de junio), periódico éste que en su información al pueblo dice: “el precarismo del tesoro Nacional era tanto, que había provocado la salida definitiva del Ministro de Hacienda, señor Florentino Martínez, pues el Presidente de la República, convencido y alarmado por su imprevisión en el manejo de los fondos nacionales, había decidido mantenerlo alejado de la dirección de las finanzas del Estado”. Y con el tono jocoso que el periodismo criollo utilizaba ocasionalmente, la sección Tinta Rápida de El Mundo, refiriéndose a la anterior noticia, afirma que “(…) es la comidilla del día; y se dice que tiene al doctor Grau como agua para chocolate…”.
En el limitado tiempo del popular espacio radial del domingo por la noche, a cargo de Chibás, su colega el senador Pelayo demuestra con datos fidedignos que, hasta el 3 de junio de ese año, existe un déficit en el Tesoro de la Nación que asciende a 19 millones 650 mil pesos, así como diferencias exorbitantes en las cuentas que integran los Fondos Especiales de la Tesorería General de la República. Con respecto al famoso Inciso K instituido durante el gobierno de Batista, denuncia que “el Ministro de Hacienda (…) sitúa a favor del Ministerio de Educación, mensualmente, para atenciones del Inciso K (…) la fabulosa suma de $ l 469 355 55, que representa un total anual de $ 17 632 266 60, contra $ 2 700 000 00, que gastaba el gobierno anterior para las mismas |
atenciones…”. (ob.cit., p. 17) Y concluye
afirmando que el gobierno de Grau gastaba ilegalmente por atenciones del Inciso K, del Ministerio de Educación, más de seis veces de lo que gastaba el gobierno anterior; las situaciones de fondos que hacía el Ministerio de Hacienda a favor del de Educación, con exceso a la suma fijada para las mismas, no estaban amparadas por ninguna disposición legal.
Al respecto, Luis M. Busquets, en Pueblo (8 de julio de 1947) dice: “En cualquier país que el Parlamento y el Gobierno se respeten, el discurso del doctor Pelayo Cuervo hubiera provocado, de inmediato, una explicación satisfactoria a la Opinión Pública; o la caída del Gabinete. Aquí, no ha ocurrido ni lo uno, ni lo otro. Pero no cabe duda que hemos dado un paso adelante sobre la forma, severa y digna, de combatir el cáncer del Desgobierno”. Por su parte, el doctor Herminio Portell Vilá, profesor de la Universidad de La Habana, en su artículo del 11 de julio del mismo año, valora que los datos aportados por el senador antes mencionado constituían un positivo servicio de información pública y un argumento de contundencia innegable para destacar el fracaso del gobierno de Grau, y afirma que cuando pase el tiempo y la crítica histórica enjuicie el gobierno de Grau San Martín, la más terrible acusación en su contra, más efectiva aún que los escándalos de la bolsa negra, los atentados impunes, el favoritismo y la corrupción política, será la de haber desquiciado de manera definitiva la educación pública en un país tan necesitado de ella.
El ingeniero Isaura Valdés Moreno –que sustituye a Florentino Martínez como Ministro de Hacienda– en una conferencia de prensa publicada en Información el 4 de julio del año 1947, declara que “tenía un plan que inicialmente se orientaba a lograr el aumento de las recaudaciones del Estado, evitando filtraciones, ocultamientos y evasiones…”.
En relación con todo esto el senador Cuervo Navarro, en su discurso del 27 de julio de 1947 demuestra, con datos oficiales, que “la Hacienda Pública ha sido defraudada solamente en el año 1946, por las Tarifas Tercera y Cuarta del Impuesto sobre Utilidades, en más de diez millones de pesos” (Ibídem, p. 22). El mayor volumen de este impuesto (establecido por la Ley de enero de 1931 y sus modificaciones), estaba comprendido en las Tarifas Tercera y Cuarta, referentes a utilidades de comerciantes e industriales y utilidades de Bancos y Sociedades, respectivamente.
Realmente substancioso es este discurso; expone interesantes datos estadísticos sobre la economía del país, ingresos y egresos en el año anterior, y llega a explicar cómo se operaba el fraude. Para facilitar el fraude contra el erario público, los reparos o comprobaciones se limitaban a una cantidad que no excediera de diez mil pesos por cada expediente, aun cuando la defraudación excediera ostensiblemente de dicha suma, con el deliberado y único objetivo de que el expediente por su cuantía pudiera ser resuelto en la Sección de Utilidades, sin tener que llegar al conocimiento de la Dirección General de Rentas e Impuestos o al propio Ministro de Hacienda, de acuerdo con el artículo 53 y sus concordantes del Decreto 1 117 de 1939. |
Se destaca en el discurso de este congresista el deseo de llegar a la conciencia cívica de los gobernantes: es un hombre justo que combate con las armas de la verdad y la honestidad a favor de los intereses de la nación. Y dice para todos los tiempos: “La experiencia histórica ha demostrado que la economía de una nación no es buena o mala por la excesividad de los gastos o la exigüidad de los mismos, sino por la eficaz organización del sistema tributario, por la honorabilidad y pureza para obtener las recaudaciones, evitándose los fraudes, filtraciones y evasiones de impuestos y por la honrada aplicación que se dé a las rentas públicas en servicios útiles y necesarios para la colectividad.” (Ibídem, p.30)
En síntesis, ambos discursos, macizos y contundentes evidentemente, fueron considerados por Eduardo Chibás como el mejor análisis económico que se había hecho hasta ese momento del gobierno de Grau.
Mientras el tiempo pasaba, las denuncias de Pelayo hallaban cada vez más eco en la opinión pública. La violencia, una de las características del gobierno de la Cubanidad casi desde sus inicios, se expresa en los llamados grupos de acción, autores de atentados, tiroteos, etcétera, debidos a diversas motivaciones y objetivos, tienen su expresión más terrible en la tristemente célebre Matanza de Orfila (5 de septiembre de 1947).(1) Ante esehecho –ajuste de cuentas, según se afirma–, Pelayo |
Eduardo Chibás. |
culpó al Gobierno de fomentar pugnas entre todos los sectores con la finalidad de propiciar un golpe de Estado y perpetuarse en el poder.
Parece que la experiencia hizo cambiar de táctica al senador indoblegable ante la denuncia permanente de la corrupción. El 13 de octubre de 1948, es decir recién estrenado el gobierno de Carlos Prío Socarrás, presentó una moción ante la Alta Cámara que no debe haber sorprendido a quienes le conocían: solicitaba la comparecencia del Ministro de Hacienda, Antonio Prío Socarrás –quien había ocupado el cargo de director de Rentas e Impuestos en el Ministerio de Hacienda durante el gobierno anterior–, para que informara sobre el estado real del tesoro público al tomar posesión el Presidente y el nuevo gabinete. Pelayo prometió entonces a la nación que si el poder ejecutivo no respondía a las peticiones solicitadas por el Senado, a partir de las denuncias que él había presentado en esa instancia, pondría toda la información que poseía en conocimiento de los tribunales de justicia para que recibieran las sanciones correspondientes los culpables de tales delitos.
La opinión pública estaba tan al rojo vivo que el presidente Carlos Prío reconoce el día 16 de enero de 1949, desde las páginas de Bohemia, que había un déficit cuantioso en la Hacienda Pública “al que era ajeno su gobierno”. Ese mismo día Chibás denunció que 24 horas después el ministro de Estado, Carlos Hevia, saldría para los Estados Unidos con el fin de gestionar un empréstito de cien millones de dólares que repuesiera lo malversado en el gobierno anterior; pero en realidad haría falta casi el doble para subsanar dicha situación. El 18 de octubre del mismo año Prío envió un proyecto de Ley al Senado con el propósito de que éste aprobara un empréstito de 200 millones de dólares gestionados en Washington. La repulsa popular flameó en las calles de la capital. Pero a pesar de eso, el primero de noviembre el Senado aprobaba el proyecto del presidente, y más tarde la Cámara de Representantes también lo hacía, a pesar de la fuerte oposición de los ortodoxos y los socialistas.
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José Antonio Echeverría. |
Calumnias e incomprensiones no estuvieron ausentes del camino del senador Pelayo, pero nada logró detenerlo en el cumplimiento de la palabra empeñada ante su país. En un testimonio de 27 páginas detalló los aspectos medulares del informe que había presentado ante el Senado el primero de noviembre de 1949, incluyó las acusaciones formuladas o publicadas por la prensa, y otras informaciones posteriores como resultado de sus propias investigaciones. Su bien documentado testimonio constituye el fundamento de la Causa 82, instruida por malversación, fraude, prevaricación y desobediencia por el magistrado Antonio de Vignier y Riera el 27 de enero de 1949. Su conocimiento público conmovió a la sociedad: se trataba de un acontecimiento jurídico único en la historia de Cuba.(2)
Las malversaciones denunciadas por Pelayo arrojaban un total aproximado de $ 174 241 840 14; señalaba como responsables de los hechos denunciados al ex presidente Grau San Martín, los ex ministros de Educación y Obras Públicas y los subsecretarios, directores y otros funcionarios de los respectivos departamentos; al Ministro de Hacienda, Antonio Prío Socarrás, desde el 11 de octubre hasta el 29 de diciembre de 1948.
Pero un camino insólito esperaba a la Causa 82/49. A pesar de que la misma se iba nutriendo con nuevas denuncias –entre ellas la de Manuel de la Cruz (el |
mayor accionista de la empresa Central Ofelia S.A.) contra Grau por la apropiación de millones de pesos del diferencial azucarero) y las de Eduardo Chibás contra José Manuel Alemán–, en agosto de 1949 el juez Antonio de Vignier y el fiscal Jesús Coll exoneraron a todos los encartados por falta de pruebas. Sin embargo, por esas ironías que a veces se observan en la Historia, en abril del mismo año, había sido sancionado el senador Pelayo Cuervo Navarro, a quien se le impuso una multa de $ 150 00 por las expresiones utilizadas en un recurso de súplica, ante la negativa del juez Antonio de Vignier de permitirle personarse como acusador popular en la Causa, porque según los magistrados las palabras de Pelayo constituyeron una falta de respeto a la sala.(3) El fiscal Coll solicitó el sobreseimiento de la Causa. Pelayo denuncia las irregularidades cometidas por los órganos de justicia en evidente complicidad con el gobierno. Y Chibás califica el proceso como el más escandaloso que recordara la historia de Cuba… Pero parecía que todo era inútil.
Sin embargo, a mediados de 1950 aparecen nuevas pruebas judiciales que implicaban no sólo a los reos iniciales, sino también al ex presidente Fulgencio Batista y a Carlos Prío Socarrás; así como la declaración de Chibás acusando con fuerza a todos los depredadores de las riquezas del país, desde Batista hasta Antonio Prío. La rectitud y el dinamismo del juez Federico Justiniano dan un fuerte impulso a la Causa al dictar acto de procesamiento contra Grau San Martín y los restantes encausados, a pesar de haber recibido fuertes presiones de sectores políticos gubernamentales, y amenazas anónimas contra su residencia.
En la madrugada del 4 de julio de 1950 elementos “desconocidos” asaltaron el Juzgado Correccional de la Sección Quinta y robaron las 35 piezas que componían el Sumario de la Causa 82/49. El juez Justiniano declaró a la prensa que sería difícil reconstruir dicho Sumario. Pero Pelayo logró hacerlo. Lamentablemente, Antonio Prío logra la exclusión del honesto Justiniano, quien será reemplazado por otro digno juez: Gilberto Mosquera.
Mientras todo esto ocurría, una mala sombra amenazaba seriamente a la nación: la de Fulgencio Batista, que se encontraba en Cuba desde el 20 de noviembre de 1948, gracias al imperdonable error que cometió el presidente Prío Socarrás al asegurarle las garantías que Grau le había negado. El presidente de la Cordialidad cometió otro grave error al no prestar atención a la advertencia implícita en las palabras de Eduardo Chibás, el 5 de agosto de 1951. Desde su tribuna radial de los domingos alerta al pueblo sobre “(…) la falsa oposición de Batista, que alienta el regreso de los coroneles, del palmacristi, la goma y la ley de fuga…”.(4)
Los enemigos del proceso identificado como Causa 82/49 lograron recusar al juez Gilberto Mosquera bajo la acusación de pertenecer al Partido Ortodoxo. Esto, unido al golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 que condujo a Batista otra vez al poder, hizo que el juicio de esa Causa nunca se realizara. |
Creo que es difícil olvidar que el 13 de marzo de 1957 un grupo de jóvenes del Directorio Estudiantil Universitario asaltan el Palacio Presidencial con el propósito de ajusticiar en nombre del pueblo al dictador Fulgencio Batista y tomar las riendas del poder para regresar a la constitucionalidad. Su líder, José Antonio Echeverría, tuvo a su cargo –de manera simultánea a la acción antes mencionada– irrumpir en Radio Reloj, a las tres de la tarde, para arengar al pueblo e informarle sobre lo que estaba ocurriendo. La acción contra el palacio de la Avenida de las Misiones fracasó. José Antonio, como recordará el lector, falleció en un encuentro inesperado con la policía cuando se retiraba en su automóvil de esa zona del Vedado. Al día siguiente, al registrar la ropa de José Antonio encuentran en uno de sus bolsillos, junto con el manifiesto que leyera por la radio, un pedazo de papel que decía “Pelayo Cuervo-Presidente”,(5) lo cual los hizo pensar que el Directorio tenía el proyecto de proclamar presidente al destacado opositor de la dictadura, si lograban derrocar a Batista.
La represalia no se hizo esperar. Batista, “indignado”, convocó a Palacio al coronel Mariano Faget, poco después llegó el coronel Orlando Piedra, jefe del cuerpo de investigadores. Conferenciaron en privado. Algo más tarde,
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Pelayo Cuervo Navarro. |
obedeciendo órdenes, dos automóviles se dirigieron hacia el puente del río Almendares, se detuvieron un momento para cambiar impresiones. Luego doblaron a la izquierda: en el Cadillac negro iban Santiago Linares Rosales, acompañado por cuatro hombres; en el otro, un Studebaker verde, iban Toribio Arocha Boizan y tres de sus hombres. Primero se detuvieron en casa de Pelayo, que vivía en un apartamento (segundo piso) de un edificio de Miramar. Su esposa les dijo que él había salido y no sabía dónde estaba, y quedó muy alarmada por la actitud de los mismos. No dieron explicaciones y se retiraron rápidamente. Pero la policía que, evidentemente, tenía bien chequeado a Pelayo por su cívica actitud ante el gobierno de facto, sabía que él era muy amigo de Ignacio Aguirre Oteiza, vecino de la Avenida 47 no. 3306 en el reparto La Sierra. A las diez de la noche llegaron a esa dirección. Cinco de los “detectives” indagaron por “el peligroso hombre” que buscaban, y cuando les dijeron que no estaba allí, irrumpieron en la casa y lo encontraron en el dormitorio leyendo un libro; le ordenaron que los acompañara y subiera al automóvil que le indicaban. Pelayo escuchó primero una orden ¡a la playa de Marianao! Pero cuando se encontraban cerca del Coney Island, otra orden la sustituyó: ¡al Laguito! El sargento Rafael Gutiérrez, por orden de Linares, detuvo el carro muy cerca del Laguito, y luego le ordenó al prisionero que saliera del mismo. La noche estaba oscura. El sargento Gutiérrez le hablaba cara a cara, encañonándolo con una pistola. Le preguntó a Pelayo dónde estaban las armas y él le contestó que nada sabía de eso. El sargento no escuchó nada más: descargó su arma en Pelayo, que cayó a tierra en un charco de sangre, y luego lo remató. Después le ordenó a uno de sus acompañantes que le retiraran las chapas a los automóviles y las cambiaran por otras; amenazando con la muerte a quien se atreviera a hablar sobre lo ocurrido.
Al amanecer, algunos vecinos del área –el exclusivo residencial Country Club–, se atrevieron a indagar sobre lo ocurrido y hallaron el cadáver del senador Pelayo Cuervo Navarro.
El asesinato del incorruptible senador, que era presidente del Partido Ortodoxo, fue un duro golpe para la patria. Hasta donde creo saber, Pelayo no tuvo nada que ver con los hechos del 13 de marzo, no creo que supiera el proyecto de Echeverría, y es posible que le arrancaran la vida sin entender lo que le estaba sucediendo. Su familia, que exigió explicaciones sobre lo ocurrido, jamás recibió respuesta alguna.
Referencias:
(1)- En la matanza de Orfila murieron balaceados por el comandante Mario Salabarría (jefe del Servicio de Investigaciones Especiales y Extraordinarios de la Policía Nacional) y sus hombres: la señora Aurora Soler Amor (en estado de gestación) esposa del comandante Antonio Morín Dopico, que resultó ileso; y Emilio Tro Rivero, designado instructor de entrenamiento y disciplina militar de la Policía Nacional.
(2)- Buena parte de la información sobre la Causa 82 la he tomado de la investigación de Humberto Vázquez García; y de la realizada por Enrique Alonso y Guillermo Vignier sobre asuntos afines.
(3)- “Vázquez García, Humberto: El gobierno de la Cubanidad, Editorial Oriente, 2005, p.475”.
(4)- Chibás Rivas, Eduardo: “El último aldabonazo”, pp.234-235, en Vignier. E y Alonso G.: La corrupción política y administrativa en Cuba (1944-1952), Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1973.
(5)- Dubois, Jules: Fidel Castro Rebel Liberator or Dictador?, The New Bobbs-Merrill Company, Inc., Indianapolis, New York, 1959 (first edition). |
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