En la pasada sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el ministro de Economía y Planificación, José Luis Rodríguez, anunció que el sector agropecuario creció un 24,7 por ciento en el año 2007, en lo fundamental basado en el incremento de las producciones de leche y carne de cerdo. Sin embargo, ese porcentaje, de contemplarse superficialmente pudiera resultar engañoso. En primer término la subida se presenta con respecto a un año muy deprimido como lo fue el 2006, y en segundo lugar atempera el pobre desenvolvimiento del resto de los renglones del sector, una certeza que coadyuvó a que la producción de alimentos clasificara como insuficiente. Entonces la necesidad de importar una porción considerable de dichos productos, en condiciones de un aumento del precio de los alimentos en los mercados internacionales, así como el mantenido déficit en la balanza de pagos del país (cuba continúa comprando más que lo que vende), nos complica sin dudas la situación económico-financiera.
En aras de revertir lo anterior, infinidad de ideas y planteamientos salen a la palestra. El presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), Orlando Lugo Fonte, declaró hace poco a la prensa nacional que “la clave de la alimentación del pueblo está en darles recursos a los que tienen tierras; darles tierras a los que quieran y merezcan tenerlas; y resolver los problemas de la comercialización”.(1) El último aspecto ya lo hemos abordado de una u otra manera en recientes trabajos. Solo añadir que el propio funcionario reconoce que el 30 por ciento de lo producido en los campos se pierde por deficiencias en la comercialización, como lo son, entre otras, la carencia de envases y la falta de medios de transporte. A lo que agregamos los impagos a los productores, las fallas de la Empresa de Acopio, y cierta dosis de desidia que siempre acompaña a los colectivos que no cuentan con un arraigado sentido de pertenencia. En esta ocasión vamos a centrar nuestro análisis en el binomio hombre-tierra.
Si algún filón positivo contienen las palabras de Lugo Fonte es el reconocimiento tácito de que ninguna de las estrategias centralizadoras, colectivistas y semicolectivistas han sido capaces de garantizar el despegue de la agricultura hacia planos superiores. Aquí se incluye desde la propiedad estatal –con los correspondientes planes alimentarios y movilizaciones masivas, inclusive– hasta las formas cooperativas de producción como las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC).
Es preciso que el productor perciba que la tierra –bien como propietario o usufructuario y los resultados de su trabajo le pertenecen realmente. Ello debe de contribuir a un mejoramiento en los ingresos y las condiciones de vida de las personas que laboran en los campos. Únicamente así se detendría la tendencia creciente a abandonar las zonas rurales por parte de muchos pobladores de los campos que emigran a las ciudades. Incluso alguna que otra UBPC decidió devolver las tierras que el Estado les había entregado en usufructo debido a lo irrentable de su gestión, las trabas burocráticas que afrontaban, así como el triste hecho de que muchos de sus trabajadores optaran por abandonar dichas entidades e ir en búsqueda de nuevos horizontes. Resulta contraproducente que un país de gran tradición agrícola como el nuestro, y que se halla urgido de un salto en este sector, exhiba hoy el 50 por ciento de sus tierras ociosas, deficientemente explotadas o cubiertas de marabú.
De un tiempo a esta fecha y con vistas a rescatar importantes rubros como el tabaco y el café, las autoridades han comenzado a distribuir tierras en usufructo a personas con aptitud y deseos de laborar en la agricultura. Hasta el momento los resultados se comportan de un modo satisfactorio, ya que han aumentado los indicadores productivos y las familias experimentaron un alza en sus ingresos y niveles de consumo. El proceso de reparto de las tierras –que esperamos sea extensivo a otros cultivos– contempla la firma de un contrato entre las partes (el Estado y el usufructuario) que fija los deberes y derechos de ambos. No obstante, queda refrendado que el Estado puede rescindir los contratos si se estima que los usufructuarios no producen con eficiencia o si las tierras se necesitaran para otros fines. Y he ahí, precisamente, el detalle que podría despertar la inquietud de no pocos.
En las postrimerías del siglo XVIII, cuando de una manera tardía con respecto a las más importantes potencias europeas, los gobernantes rusos le otorgaron la propiedad de la tierra a la nobleza, los funcionarios de la emperatriz Catalina la Grande observaron lo siguiente en el Código legal de la referida disposición: “Cada hombre cuida más de aquello que le pertenece, que de aquello que le es ajeno, y no cuida de aquello que pueda serle arrebatado por otro”.(2) Es decir, ellos comprendían que no solo era esencial la propiedad en sí, sino además la defensa que de ella hiciese la Ley, aun si la protección operara contra las intenciones de las propias autoridades.
Por supuesto que el núcleo de semejante razonamiento puede ser trasladado a nuestra realidad. Entregarse a una labor en extremo extenuante, muchas veces de sol a sol y de lunes a domingo, constituye una faena que precisa de gran convicción, Y si en esa empresa comprometemos también nuestros ingresos y ahorros en aras de labrarnos un mañana mejor, entonces damos muestras de poseer fe en que las leyes e instituciones que posibilitaron nuestro trabajo conserven la estabilidad y no sean barridas de un plumazo por la voluntad de uno o un grupo de hombres.
No hay dudas de que la sociedad cubana, y no solo la agricultura, está necesitada de un clima institucional. Si conversamos con un taxista, un artesano, un arrendador de vivienda, un expendedor de alimentos ligeros o un tarimero en un agromercado de oferta-demanda –todos con licencia oficial para ejercer su labor–, notamos que viven el presente pero no pueden desprenderse de la zozobra acerca del futuro. Temen que en cualquier momento se derogue la ley o cualesquiera de los acápites que hoy permiten el trabajo por cuenta propia, y así quedar a merced de las circunstancias.
Lo mismo sucede con los empresarios extranjeros que invierten en la isla. Ellos anhelan un estado de cosas que propicie la confianza y les facilite predecir el porvenir. Nada les disgusta más que un país donde hoy se empleen los mecanismos de mercado, y mañana se vuelva a la centralización económica; o se pase de una situación en que las empresas posean la potestad de comerciar directamente con sus contrapartes en el exterior, a otra donde prime la famosa cuenta única a nivel del Banco Central, y las empresas deban solicitar permiso para contratar y ejercer la operación de intercambio. Y tampoco caben dudas de que el país requiere –ya lo han expresado nuestras máximas autoridades– de inversionistas serios y responsables que aporten el capital, los recursos y la tecnología que demanda nuestra economía.
A veces he escuchado criterios en el sentido de que peligra el relevo generacional en la agricultura cubana, pues los jóvenes abandonan el campo y marchan a estudiar en las ciudades, a menudo en especialidades que nada tienen que ver con el medio rural. “Cuando se mueran los pocos viejos que hoy trabajan la tierra, yo voy a ver quién va a sembrar boniatos y malanga en este país”, sostienen algunos agoreros. Sin embargo, la experiencia demuestra que varios de los nuevos usufructuarios cuentan ya con el apoyo de sus hijos, quienes una vez graduados, han decidido retornar a sus raíces. Entonces el problema no estriba en evitar que los jóvenes campesinos estudien, sino en dotar al campo cubano de toda la gama de incentivos espirituales y materiales que los estimulen a regresar después de haber alcanzado la cima de los conocimientos. Así serán más útiles que antes.
Por lo pronto, confiemos en que en los nuevos contratos que se firmen, la cláusula que establece la posible rescisión “si las tierras se necesitaran para otros fines”, sea aplicada excepcionalmente.
Referencias:
(1). Periódico Juventud Rebelde, domingo 16 de diciembre de 2007, página 4.
(2). Pipes, Richard: Propiedad y Libertad. Turner Publicaciones S.L. 2002.
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