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INTERNACIONAL

Las FARC ¿de autodefensas campesinas a organizaciones crimilnales?
por Pedro E. Valenzuela G.*


El pasado 4 de febrero millones de colombianos se volcaron a las calles de ciudades y pueblos en la mayor movilización cívica en la historia de Colombia. Pese a los esfuerzos de algunos sectores por aclarar que su participación implicaba un rechazo a todas las formas de violencia y constituía una muestra de solidaridad con todas las víctimas del conflicto armado, la marcha se presentó abrumadoramente como una expresión de repudio a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y a uno de sus principales crímenes: el secuestro de civiles. ¿Pero quiénes son las FARC y por qué en un país permeado por actores violentos de diversa índole se produce tal manifestación de rechazo a uno de ellos?

Millones de colombianos se volcaron a las calles de ciudades y pueblos en la mayor movilización cívica en la historia de Colombia.

Aunque es posible rastrear las raíces profundas de las FARC a la fuerte represión de las luchas agrarias impulsadas por sectores reformistas del Partido Liberal y el Partido Comunista durante las primeras décadas del siglo pasado y al carácter tradicionalmente excluyente del sistema político colombiano, su origen más inmediato se remonta a la guerra civil que azotó al país entre 1948 y 1953, conocida por los colombianos simplemente como La Violencia. En efecto, el asesinato del popular líder liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 produjo espontáneas reacciones violentas contra el régimen conservador en Bogotá y otras ciudades, llegando inclusive a conformarse algunas juntas revolucionarias de gobierno de corta duración.


La represión desatada por el gobierno conservador forzó a liberales y comunistas a conformar grupos armados de autodefensa, siendo las organizaciones guerrilleras de filiación liberal las más numerosas. El desarrollo del conflicto produjo profundas escisiones entre la dirigencia liberal y las bases guerrilleras, algunas de las cuales comenzaron a reivindicar intereses sociales no siempre coincidentes con los de aquella. La ola de violencia cobró la vida de alrededor de 200 mil colombianos y despojó a muchos campesinos de sus tierras, obligándolos a buscar alternativas de supervivencia en territorios baldíos con escasa presencia estatal. Alarmadas por el curso de los eventos, las élites de los partidos tradicionales (Liberal y Conservador) apoyaron la toma del poder por el General Gustavo Rojas Pinilla, en lo que se constituyó en la única dictadura militar del siglo xx en Colombia. Rojas ofreció una aministía a los grupos alzados en armas que fue aceptada por la gran mayoría de las guerrillas liberales, pero no así por las comunistas. Estas últimas y los liberales “comunes” (así llamados por su alianza con las guerrillas comunistas) se replegaron a zonas de colonización, asentándose en comunidades agrícolas, conservando sus armas pero sin combatir al Estado.

La promesa de paz del gobierno militar resultó ilusoria. En un esfuerzo por neutralizar las luchas agrarias y restablecer el control en todo el territorio nacional, Rojas atacó estas comunidades, estableciendo para ello alianzas con algunas de las antiguas guerrillas liberales, cuyos jefes se habían convertido en gamonales o caciques locales. La “Guerra de

Villarrica” en 1955 es un caso concreto de tales ataques. Pero sin lugara dudas lo que marca definitivamente el origen de las FARC es el ataque, ya bajo un gobierno civil, a las “repúblicas independientes”. En mayo de 1964, en la llamada “Operación Soberanía”, 16 mil soldados del ejército colombiano (entre un cuarto y un tercio del total de la fuerza de entonces), con el apoyo de helicópteros, aviones y artillería y la utilización de Napalm, arremetieron contra Marquetalia y otras zonas, obligando a estos núcleos campesinos a desplazarse a otras regiones con tradición de lucha y organización agraria y a cambiar su estrategia. En 1966 se realiza la “Segunda Conferencia Guerrillera” con la participación de 350 combatientes, en la que el “Bloque Sur”, nombre adoptado por las guerrillas en la Primera Conferencia, se convierte en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En esta Conferencia se adoptó el “Programa Agrario de las Guerrillas”, que eventualmente se convertiría en el programa agrario oficial de las FARC, y asumió el mando un aserrador de antigua filiación liberal, Pedro Antonio Marín, mejor conocido como Manuel Marulanda Vélez o “Tirofijo”.
“Tirofijo”, un antiguo liberal convertido en jefe de las FARC.
“Tirofijo”, un antiguo liberal convertido en jefe
de las FARC.

Si bien durante las décadas del sesenta y el setenta las FARC operaron principalmente en zonas marginales del país, su intención estratégica era expandirse a otras zonas del territorio nacional y convertirse en alternativa de poder. Así, mediante la política de “desdoblamiento” (la división de cada frente guerrillero en dos) logra pasar de 10 frentes a finales de los setenta a más de veinte hacia mediados de los ochenta. Esta política de expansión cobró fuerza después de la Séptima Conferencia en 1982, con la decisión de operar no sólo en zonas marginales sino también en zonas de importancia estratégica económica y política. El haberle agregado a la sigla original el título adicional de Ejército del Pueblo (FARC-EP) claramente demuestra las pretensiones de cambio operacional y estratégico. Las FARC doblaron sus efectivos y el número de frentes entre mediados de los ochenta y mediados de los noventa: de 3 mil 600 hombres y 32 frentes, pasaron a 7 mil hombres y 60 frentes. Y para finales de los noventa estaban en capacidad de confrontar al ejército en combates abiertos y ataques a guarniciones militares, como lo demuestra la serie de derrotas que le propinaron causando un alto número de bajas y secuestrando a muchos policías y militares.

La extendida presencia en el territorio les ha garantizado control territorial y político. En algunas zonas, ante la ausencia del Estado, las FARC se contituyen en autoridad y dirimen conflictos de la comunidad. También se lucran de las rentas del gobierno municipal, sobre todo en zonas de grandes inversiones, proyectos agroindustriales y bonanzas económicas, caracterizadas por profundas desigualdades sociales. Al mismo tiempo, inciden en los programas de desarrollo a nivel local y establecen pactos políticos con sectores de los partidos tradicionales.

El crecimiento de las FARC estuvo asociado en gran medida a una mayor capacidad de financiación. Por un lado, las FARC recurren sistemáticamente a la extorsión de individuos y empresas y al secuestro de civiles. Si bien en un comienzo secuestraban principalmente a grandes propietarios de tierras y ejecutivos de empresas nacionales e internacionales, con el tiempo el secuestro se ha “democratizado” y muchas personas son víctimas potenciales. La práctica de la “pesca milagrosa”, mediante la cual las FARC detienen al azar vehículos en las carreteras y secuestran a sus ocupantes, ha contribuido a esta situación. Con frecuencia, bandas de criminales comunes secuestran personas en las ciudades y se las venden a las FARC, quienes posteriormente negocian la liberación con sus familias.
Por otro lado, las FARC reciben ingentes sumas de dinero por su conexión con la economía de los cultivos ilícitos. Cuando en Colombia muchos campesinos comenzaron a cultivar coca en la década del ochenta (antes se importaba la pasta desde Perú y Bolivia), las FARC se vieron confrontadas con un gran dilema: prohibir su cultivo, como se argumenta que era su preferencia, arriesgándose a perder el apoyo de los campesinos cocaleros, o regular su cultivo y comercialización. Esta última opción finalmente se impuso. Las FARC les exigen inicialmente a los campesinos cultivar en una parte de sus tierras productos tradicionales y permiten el cultivo de coca en otras. También defienden a los campesinos cocaleros en las transacciones con los intermediarios de los narcotraficantes, cobran un impuesto por cada transacción y protegen laboratorios. Se argumenta que desde hace algún tiempo muchos campesinos siembran coca directamente para las FARC y que éstas tienen sus propios laboratorios para el procesamiento de cocaína. Todavía se debate si controlan las rutas internacionales del narcotráfico.


Estas dinámicas han puesto a las FARC en la paradójica situación de encontrarse militarmente fortalecidas, pero políticamente debilitadas. Para amplios sectores de la opinión pública las FARC se han convertido en criminales comunes, motivados por la codicia y carentes de objetivos políticos. Para otros, la guerrilla sigue teniendo un carácter esencialmente político, aunque su lógica militarista, sus métodos de financiación, sus alianzas en el negocio de los narcóticos, sus acciones contra la población civil y el control autoritario que ejercen sobre varias regiones han degradado su lucha. Aun si se les reconoce el carácter político, es evidente que las FARC no han podido convertirse en una alternativa real de poder o legitimarse ante amplios sectores de la población, sobre todo en los centros urbanos, en los que reside el 75 por ciento de los habitantes del país. En gran medida, las FARC han sido incapaces de generar vínculos orgánicos con sectores populares organizados, y las alianzas con sectores medios no han sido posibles, puesto que perciben su proyecto como radical y excluyente. Por otro lado, pese a las grandes deficiencias de la democracia colombiana, el país no tiene un régimen dictatorial y la oposición democrática de izquierda ha ganado espacios importantes de representación, sobre todo después de la reforma constitucional de 1991.

Tras seis años de secuestro, el rostro de Ingrid Betancourt es símbolo del sufrimiento que vive Colombia.
Tras seis años de secuestro, el rostro de Ingrid Betancourt es símbolo del sufrimiento que vive Colombia.

Tras las fallidas negociaciones de paz con el gobierno anterior, Alvaro Uribe Vélez ascendió a la presidencia de Colombia con el claro mandato de combatir a la insurgencia. Las operaciones militares dejaron de tener un carácter episódico, inclusive en zonas tradicionalmente ocupadas por las guerrillas. Junto a la arremetida de los grupos paramilitares desde mediados de los ochenta, con el apoyo tácito o abierto de las fuerzas del orden, estas operaciones han hecho mella. Poco a poco, aumentó la deserción de combatientes y se evidenciaron problemas financieros, de logística y comunicación entre los frentes. En gran medida, las FARC se han convertido una vez más en guerrillas móviles, preocupadas por proteger corredores estratégicos antes que por mantener un control permanente sobre ciertas zonas. Evidentemente, también han buscado refugio en áreas selváticas y con poca presencia estatal en los países limítrofes, especialmente Venezuela y Ecuador.


Pese a estos triunfos gubernamentales, la captura o muerte de reconocidos mandos medios, comandantes de frente o personas encargadas de las finanzas de las guerrillas seguían viéndose como casos aislados. Sin embargo, los eventos ocurridos en las últimas dos semanas han llevado a muchos observadores a afirmar que esta larga guerra fratricida puede estar llegando a un punto de inflexión. La muerte de “Raúl Reyes”, el llamado canciller de las FARC, durante el ataque combinado del ejército y la Policía de Colombia a su campamento en el Ecuador, fue el primer golpe directo al Secretariado General de las FARC en más de cuatro décadas de guerra y destruyó el mito de invulnerabilidad de la cúpula de la organización. Generó, además, una fuerte reacción diplomática a nivel latinoamericano, sólo superada cuando Colombia se comprometió oficialmente a no desarrollar nuevas operaciones en territorio extranjero. Pocos días después cayó “Iván Ríos”, el miembro más joven del Secretariado. El hecho de que Ríos no haya encontrado la muerte a manos del ejército colombiano sino de su propio jefe de seguridad, y que éste haya mutilado su cadáver para cobrar la recompensa ofrecida por el gobierno, es indicativo de la degradación interna del grupo revolucionario.

Lo que depara el futuro es incierto. De manera un tanto injusta, se ha culpado exclusivamente a las FARC por el fracaso de diferentes procesos de negociación. Sin duda, en diferentes ocasiones han demostrado su falta de voluntad para encontrar una salida negociada y han aprovechado con propósitos proselitistas y militares los espacios que se les han concedido. Pero es también evidente que muchos sectores del país no están preparados para negociar, que simplemente exigen la desmovilización y entrega de armas, y que en este momento el respaldo a la salida militar puede verse aún más fortalecido por un espíritu triunfalista. Como el país tiende a olvidar las trágicas lecciones de su historia, probablemente esté condenado a muchos años más de violencia.

* Profesor Asociado y Director de Especialización en Resolución de Conflictos. Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.

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