Una cumbre con
escasos resultados
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por Orlando Freire SANTANA
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Pocos acontecimientos internacionales de los últimos tiempos han despertado tanto interés –y alarma también– como el alza en el precio de los alimentos. Los especialistas responsabilizan de ello a una gama de factores: el cambio climático que ha vuelto incultivables a muchos suelos, la elevación del precio de los combustibles, algunas medidas restrictivas adoptadas por varias naciones (entre las que sobresale la limitación de las exportaciones), y el hecho de que dos potencias emergentes como China y la India, con niveles de consumos cada vez mayores, han disparado la demanda internacional. |
| Para debatir acerca de tan acuciante tema se celebró en Roma una Conferencia Cumbre de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en la cual participaron numerosos Jefes de Estado y especialistas en la materia. Si me preguntaran por el elemento que signó el cónclave, me referiría al esfuerzo desplegado por grupos de naciones en pos de imponer sus puntos de vista. O sea, en lugar de asistir a un encuentro donde primaran las concesiones y los arreglos en aras de encarar este reto formidable para toda la humanidad, presenciamos un mosaico con las más disímiles –y a menudo irreconciliables– estrategias de desarrollo económico y social. |
Los antiglobalizadores no dejaron escapar la oportunidad para insistir sobre la importancia de la soberanía alimentaria, la protección de sus productores internos ante la avalancha de productos subsidiados provenientes del exterior, y además culpar al sistema capitalista por el actual estado de cosas. Sin pretender exonerar de responsabilidad a las potencias occidentales por el deterioro del medio ambiente, y la falta de una ayuda efectiva y sistemática para mitigar el hambre y la desnutrición en el mundo, no deja de resultarme algo chistosa la última causal. Casi no queda otra alternativa que culpar al sistema capitalista. El que fue su oponente, el socialismo real, no dio tiempo a que lo inculparan, ya que –y permítanme recurrir al lenguaje deportivo– no pudo llegar a las finales. Quedó eliminado en las eliminatorias.
Para el presidente brasileño, Luis Inacio Lula Da Silva, el meollo del asunto radica en los subsidios que el mundo industrializado otorga a sus productos agrícolas y alimenticios en general, con lo cual se les cierran muchas posibilidades a productores del tercer mundo para poder competir a nivel internacional. Lula también persistió en el derecho de su país a proseguir con el desarrollo de los biocombustibles; un punto neurálgico toda vez que en reiteradas ocasiones atribuye a esa práctica parte de la responsabilidad por la actual crisis de los alimentos. Sin dudas nos hallamos ante una encrucijada para el presente y los años venideros: si bien resulta un contrasentido dedicar a otros fines tierras y recursos que podrían destinarse a la alimentación humana, no es menos cierto que los biocombustibles constituyen una opción frente a un petróleo sumamente caro y limitado en el tiempo.
Diametralmente opuesta devino la posición de los países insertados con firmeza en el proceso globalizador. Para gobernantes como el mexicano Felipe Calderón y el costarricense Oscar Arias, la aspiración a la soberanía alimentaria y los aranceles proteccionistas no son más que trabas que se interponen al libre comercio, para ellos una panacea que contrarresta muchos de los males que afectan la economía. Es decir, abrir de par en par las puertas de la nación a los productos procedentes de Estados Unidos y la Unión Europea –regiones con las que tienen o pretenden firmar tratados de libre comercio–, y así el mercado interno se vería inundado de mercaderías más baratas y de mayor calidad. Por supuesto, esa estrategia es repudiada por los productores nativos que resultan desplazados.
Uno de los momentos más álgidos de la Conferencia fue cuando se dio a conocer la Declaración Final. Era lógico suponer que fuera así tras escucharse tantos maratones de oratoria con argumentos tan dispares. La manzana de la discordia sobrevino con el siguiente párrafo: “Los gobiernos reafirman la necesidad de reducir al mínimo el empelo de medidas restrictivas que pueden incrementar la volatilidad de los precios internacionales”.
De inmediato la delegación de Argentina aclaró que no iba a apoyar esa Declaración. Para el Gobierno de la presidente Cristina Fernández, los vocablos “medidas restrictivas” podían aludir al impuesto a las exportaciones de cereales que ha recaído sobre los productores de esos alimentos. Con ese gravamen la jefa de Estado rioplatense aspira a recaudar fondos con que combatir la pobreza y la desigualdad social que se manifiestan en su país. No obstante, es evidente que de no haber existido dicho impuesto, cientos de toneladas adicionales de cereales hubiesen salido de la Argentina hacia los mercados internacionales; una oferta que tal vez habría influido en la disminución de ciertos precios.
Otros países latinoamericanos, sin llegar al grado de discrepancia exhibido por Buenos Aires, también expusieron su inconformidad con la Declaración Final. Tales fueron los casos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Cuba. Para ellos el referido texto debió ser más explícito e inculpar a las principales potencias capitalistas, pues estiman que la actual crisis alimentaria no es un evento coyuntural, sino un fenómeno consustancial a ese sistema. De igual forma no las tuvieron todas consigo con las aludidas “medidas restrictivas”. De acuerdo con el punto de vista tercermundista, esas palabras habrían constituido una imposición del Occidente industrializado para criticar las políticas proteccionistas que atentan contra el libre comercio.
Al parecer, el más entusiasmado con las discusiones escenificadas en la Ciudad Eterna fue el propio director general de la FAO, Jacques Diouf, quien aseguró que los resultados estaban a la altura de las expectativas. De seguro pensaba en las no muy abundantes intervenciones que trascendieron a la tónica general del cónclave: las promesas de donaciones por parte de Francia, Japón, Kuwait, las Naciones Unidas, España –por cierto, el discurso de su presidente, Rodríguez Zapatero, fue de los más enérgicos en este sentido– y Venezuela.
Para nuestro país la Cumbre de la FAO, y la crisis alimentaria en general, deben de constituir un acicate que le posibilite a la agricultura dar el salto que espera la sociedad. Si las autoridades de la isla no apuestan por el libre comercio, entonces no queda otra opción que bregar por aumentar los niveles productivos, ir disminuyendo gradualmente las importaciones y acercarnos a la hipotética soberanía alimentaria. Es cierto que se han dado pasos en ese sentido, como la paulatina entrega de tierras en usufructo a familias que deseen trabajarlas, la creación de las Delegaciones Municipales de la Agricultura, así como nuevos sistemas de pago que estimulan al productor. La clave parece encontrarse en aproximar la toma de decisiones a la base.
Sin embargo, es posible que el síndrome romano de las “medidas restrictivas” se obstine en perseguirnos en los mercados internos. Nadie debe temer a que debido a la escasez y la especulación en torno al arroz –en la calle se corrió el rumor de que iban a sustituir por harina una parte de su presencia en la cuota normada–, su precio de mercado supere los 3.50 pesos. La esencia de ese tipo de mercado de libre formación del precio es reflejar, precisamente, la correlación entre la oferta y la demanda, así como constituir una opción adicional para el consumidor que pueda acceder al producto.
Al libre mercado se le podría controlar por diversas vías, hasta moldearlo si fuera posible, pero nunca suprimirlo del todo. El mercado es tozudo; si lo reprimimos, es muy probable que reaparezca en su forma más nociva: mercado subterráneo o bolsa negra, como deseemos denominarlo. Entonces ese arroz que no encontremos en los mercados agropecuarios de oferta-demanda, posiblemente se venda de manera clandestina, y a altos precios, en otros lugares. Una transacción, sin dudas, envuelta en un ambiente de mayor ilegalidad. |
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