Para cualquier observador, medianamente informado del acontecer económico cubano, no debe de constituir una novedad la existencia de dos corrientes que han pugnado por prevalecer a lo largo de estos años de Revolución: por un lado, el inmovilismo asociado a la versión más ortodoxa del marxismo-leninismo, y que contempla a la planificación centralizada como el elemento clave; y de otra parte, a un reformismo que no vacila en recurrir a ciertas palancas del mercado, y que en este momento aspiraría a la implantación del modelo chino en la isla.

En el pasado mes de julio se promulgó el Decreto-Ley no. 259 sobre la entrega de tierras ociosas en usufructo. Sin dudas, estamos en presencia de una medida de corte reformista que tiende a un proceso de descentralización de la agricultura cubana, y que en el fondo, representa un reconocimiento tácito de la incapacidad del Estado de potenciar las reservas productivas que coadyuven al despegue definitivo de ese importante sector de nuestra economía. Según informó la prensa nacional, apenas unos días después de iniciados los trámites, más de 15 mil personas (entre naturales y jurídicas) habían acudido a las instancias correspondientes para solicitar tierras. Nos hallábamos inmersos en el beneplácito de semejante disposición cuando sobrevino el indeseado arribo de los huracanes Gustav y Ike.

Los daños ocasionados a las plantaciones y cultivos en casi todo el país se tradujeron de inmediato en una merma de la oferta de productos agrícolas en los puntos de venta y los mercados estatales de precios topados. Únicamente los mercados de oferta-demanda mantuvieron en sus tarimas una presencia aceptable de surtidos. En esa circunstancia, en algunos de estos establecimientos –hay que reconocer que no en todos–, ciertos precios de determinados renglones alcanzaron cotas excesivas. El ejemplo más exhibido fue la cebolla a 20 pesos la libra.

Ante una subida de precios, en condiciones de libre mercado, es menester siempre deslindar las actitudes. Pudo existir la codicia desmedida de intermediarios que concibieron la idea de lucrar a costa del desabastecimiento y las necesidades de la población. Ese proceder, obviamente, lleva la censura de todos. Pero tampoco podemos olvidar que si el productor le aumenta los precios al transportista, este –que además se ve afectado por el reciente incremento estatal en el precio del petróleo y la gasolina– le tiene que vender más caro al intermediario o tarimero. Y al final, es el consumidor quien debe afrontar el recargo de esta pirámide. Mas sólo así, cuando cada eslabón de la cadena obtenga su ganancia, se garantiza la presencia estable de los productos en el mercado. Cualquier tope de precios puede provocar la ruptura del engranaje y el consiguiente desabastecimiento.

El aumento de precios en los mercados de oferta-demanda iba a ser una oportunidad que no desperdiciarían los exponentes del inmovilismo. En cartas enviadas a los medios de prensa, así como a comentarios en las emisoras de radio y canales de televisión, se alzaron voces que pedían el fin del libre juego entre la oferta y la demanda. Unos –ciertamente los más– argumentaban la necesidad de topar los precios por un período de tiempo, hasta tanto se alcanzara la recuperación. Sin embargo, en la edición de Granma del viernes 26 de septiembre apareció la opinión de un lector que mostraba una decidida animadversión hacia todo lo que indicara reformas promercado. Después de afirmar que la ley de la oferta y la demanda es inherente al capitalismo, con su sistema de crisis, expresó: “Esta ley que impera en algunos mercados agropecuarios y que más bien pudiéramos catalogarla como la Ley de Oligarquía Agrícola no tiene nada que ver con un sistema social socialista como el nuestro.” (1)

El portador de dicho criterio pasó por alto la existencia de esa Ley con la Nueva Política Económica (NEP) de Lenin, los sistemas de cálculo económico en la antigua comunidad socialista, y los actuales experimentos que se llevan a cabo en China y Viet Nam. También el hecho de que casi siempre las etapas de mayor bienestar material en la Cuba posterior a 1959 han estado relacionadas con el empleo de determinadas palancas del mercado.

Pero nunca imaginé que la oferta de productos en nuestros mercados agropecuarios guardase cierta similitud con el comportamiento de las bolsas de valores en los mercados financieros internacionales. Sabemos que la Cámara de Representantes de Estados Unidos había rechazado una propuesta del presidente Bush de apuntalar el sistema financiero de esa nación con 700 mil millones de dólares, y que el primer día de funcionamiento de las bolsas después del rechazo congresional –el lunes 29 de septiembre–, estas habían reflejado cuantiosas pérdidas debido al pánico de una crisis sin solución. El mundo comenzó a referirse a ese día como un “lunes negro”.

Pues bien, al día siguiente del anuncio del tope de los precios, el martes 30, todos los mercados agropecuarios de la ciudad amanecieron con una desolación casi total. El de oferta-demanda de Cuatro Caminos –uno de los más representativos de la capital– solo exhibió yuca y frutabomba ese día en sus tarimas. Una sensación de escalofrío debió de haber estremecido la cadena productiva, desde los productores hasta los intermediarios. Algunos medios de prensa extranjeros, parafraseando la situación de las bolsas, informaron que “los mercados cubanos viven su martes negro.”

En el momento de redactarse este artículo –una semana después del tope de los precios–, aun sin el desabastecimiento del martes 30, el referido mercado de Cuatro Caminos no es el mismo que antes de que se tomara esa medida, pues casi el 50 por ciento de sus tarimas están vacías. En cuanto a los puntos de venta diseminados por la ciudad, buena parte han cerrado sus puertas.

En lo concerniente al abastecimiento de productos agropecuarios, el tope de los precios, así como otras medidas de control, parecen haber reforzado –¿el remedio peor que la enfermedad?– la debacle dejada por Gustav y Ike.

No deseo concluir sin retomar la idea de que este repunte del inmovilismo –no tanto el tope de precios provisional, sino los ataques explícitos al empleo de palancas del mercado– coincida con el reparto de tierras ociosas a personas que desean hacerlas producir.

No nos engañemos: irse a trabajar al campo, muy probablemente a desbrozar tierras cubiertas por el marabú, constituye una tarea ciclópea que sólo se recompensa con la adquisición de un alto nivel de vida, superior al de otros estratos de la sociedad. O sea, al ahora usufructuario que después se convierta en productor, no sería justo exigirle que le venda únicamente al Acopio estatal y a los precios que este señale. Y si se le permite vender a particulares, pero se topan los precios del intermediario en el mercado, se quiebra el engranaje, y él como productor se vería desestimulado para continuar su labor.

Por lo pronto, el mencionado Decreto-Ley no. 259 no aclara nada acerca de la comercialización de los productos que produzcan los usufructuarios. Incluso, he escuchado comentarios que ya piensan en cómo controlar el trabajo y las ganancias de los usufructuarios, en lugar de ponerse todo el empeño en que ellos le extraigan a la tierra, lo más rápido posible, los alimentos que demanda el país.

En medio de la atmósfera que se respira, es posible que algún que otro usufructuario potencial –ojalá no suceda así– esté reconsiderando su intención. Rememoraría una sentencia más que recurrente: “Cuando veas la barba de tu vecino arder, pon la tuya en remojo.”

Sería funesto que a los dos huracanes de la naturaleza se uniera el huracán del inmovilismo, esa especie de bloqueo interno que tanto daño nos ha hecho.

(1) Periódico Granma , viernes, 26 de septiembre de 2008, p. 11.
(2) Periódico Granma , lunes, 29 de septiembre de 2008, p. 1.