En los últimos tiempos, y más marcadamente tras el relevo presidencial acaecido a mediados del 2006, en el seno de la sociedad cubana han irrumpido una serie de ideas y concepciones acerca de posibles cambios en nuestra economía en aras de elevar la eficiencia y resolver las necesidades crecientes de la población. Entre las medidas más mencionadas se encuentran la eliminación de la libreta de abastecimientos, una gradual desestatización de la propiedad, la entrega en usufructo de tierras ociosas a aquellos que deseen trabajarlas, lograr mayor agilidad en los sistemas de comercialización –principalmente lo relacionado con el sector agropecuario–, así como la supresión de la doble circulación monetaria. En algunas de esas disposiciones ya se han dado los primeros pasos, mientras que otras aguardan por una hipotética aplicación.

Cuando no pocos estimaban inminente la puesta en práctica de la mayoría de las referidas reformas, la celebración de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en el pasado mes de diciembre detuvo semejantes expectativas. En esa ocasión el presidente Raúl Castro afirmó que: “me limito, por ahora, a expresar que en la actualización del modelo económico cubano, cuestión en la que se avanza con un enfoque integral, no puede haber espacio a los riesgos de la improvisación y el apresuramiento ”. (1) De igual forma, la postergación del VI Congreso del Partido parece haber sido otra señal de que los cambios económicos no estaban aún en el orden del día.

Así las cosas, el diario Granma ha venido publicando en semanas recientes las cartas de algunos lectores que opinan sobre las probables transformaciones económicas; en especial se refieren a cambios en el sistema de propiedad de pequeñas entidades dedicadas al comercio, la gastronomía y los servicios. Hemos estado asistiendo a un inusual debate entre dos sectores bien definidos en el actual acontecer cubano: aquellos que apuestan por las reformas, y por tanto piensan que el Estado no debe de asumir todo el protagonismo en la actividad económica; y de la otra parte, los que se aferran a la ortodoxia y contemplan cualquier resquebrajamiento de la propiedad estatal como “un regreso al capitalismo”. Aunque, conviene aclararlo, se trata de una controversia –al menos así lo reflejan las cartas publicadas– entre contendientes que difieren en cuanto a los medios, pero persiguen un fin común: salvar el sistema político imperante en la isla.

Mas es posible distinguir, entre toda la gama de criterios vertidos, un sesgo que me parece esencial: no se está discutiendo en torno a algún evento coyuntural; se está opinando acerca de un asunto estratégico como lo es, sin dudas, el sistema de propiedad. Aquellos que insisten en la creación de cooperativas en el comercio, los servicios y la gastronomía, están ahondando, tal vez sin que se lo propongan, en un tema que nada tiene que ver con el bloqueo económico de Estados Unidos, las secuelas del período espacial o hasta la carencia de recursos; más bien sería una consecuencia de la, así llamada, Ofensiva Revolucionaria, que en 1968 acabó de un plumazo con los pequeños negocios particulares que subsistían en el país. Porque no es que el Estado no deba de administrar directamente las cafeterías o los establecimientos que prestan servicio a la población, es que el Estado no está capacitado para hacerlo con la calidad y eficiencia con que lo haría un propietario, sea individual o colectivo (claro, en este último caso si la cooperativa funcionase debidamente).

Uno de los grandes retos que encara cualquier economía estatal –no importa el sistema social de que se trate– es lograr que sus empleados adquieran un pleno sentido de pertenencia. Porque si algún componente de ciencia posee la Economía –cuajada de relatividad y tan desprovista de verdades absolutas–, me inclino porque sea esa idea que hace más de doscientos años escribiera el economista inglés Adam Smith en su texto Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones: “La fuente del progreso es el deseo de mejorar nuestra condición, deseo que traemos con nosotros desde el vientre de nuestras madres y nunca nos abandona hasta la sepultura”. (2)

Y a propósito de la creación de pequeñas cooperativas, se ha hablado de arrendar los locales al colectivo de trabajadores, y que después éstos, una vez obtenidos los ingresos por las ventas o los servicios prestados, sean capaces de sufragar los gastos por la compra de materias primas, los salarios de los empleados, el pago de impuestos y otros gastos que genere la actividad. El Estado quedaría entonces para el control, la fiscalización y el aseguramiento de que la cooperativa cumpla con el objeto social para el que fue creada. Ahora bien, hay un factor que estimo debe de quedar excluido de la supervisión estatal: el precio. No es conveniente ni razonable brindarles a las entidades un alto nivel de autonomía, y al final topar los precios de sus productos o servicios. De hacerse, además de provocar el desestímulo de los productores, les abrimos las puertas a la nefasta bolsa negra o el trabajo “por la izquierda”, ya que los cooperativistas, al no poder ofertar sus bienes o servicios a los precios que indique el mercado, buscarán vías alternativas para aumentar sus ingresos. Solo la competencia entre los productores haría bajar los precios. En casos como estos la emulación económica reporta siempre más dividendos que la coerción administrativa.

Por otra parte, contamos con una experiencia poco afortunada de propiedad cooperativa que casi ha naufragado debido a la escasa autonomía de gestión con que han laborado, y la excesiva intromisión estatal en todo su quehacer. Me refiero a las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), las cuales, por supuesto, no serían ajenas al estado insatisfactorio que hoy presenta la producción agropecuaria en el país.

No deseo concluir este artículo sin mencionar dos especies de mitos que obstaculizan nuestro despegue económico. Uno de ellos lo constituye el miedo al “enriquecimiento” o progreso económico de individuos o grupos de individuos que laboren al margen del Estado, aun si sus ingresos son obtenidos por vías totalmente lícitas. Por ese miedo fueron cerrados en 1986 los mercados libres campesinos; por ese miedo se ha restringido excesivamente el marco del trabajo por cuenta propia; por ese miedo hay burócratas que hoy piensan más en cómo controlar a los usufructuarios de tierras ociosas, en lugar de facilitarles todas las condiciones para que produzcan alimentos para el pueblo; y por ese miedo persisten trabas y bloqueos internos como el apuntado hace poco por el periodista Juan Varela Pérez en el periódico Granma, (3) cuando se refirió, entre otras medidas, a la absurda prohibición de que camiones de otras provincias trasladen viandas hacia la ciudad de La Habana. Si alguien se enriqueciera después de garantizar la oferta que la población espera, o brindar el servicio con la calidad y eficiencia que la gente reclama, la política impositiva del Estado se encargaría de redistribuir parte de esos ingresos en beneficio de toda la sociedad. Pero emprenderla contra esa o esas personas sería algo así como botar el sofá.

El otro mito lo identifico con la costumbre de etiquetar a priori determinadas políticas como “esto es socialismo”, o “esto es capitalismo”, y de esa forma bendecir en un caso, y descalificar en el otro, a cualquier proyecto con independencia del resultado económico que pueda arrojar. Eso lo hemos observado en las cartas que publica Granma. Por mi parte creo que precisamos de un sistema económico que combine la propiedad estatal en las empresas más importantes del país, con la iniciativa privada o cooperativa en los servicios y hasta en la pequeña y mediana empresa. Lo anterior debe de ir acompañado de una política de seguridad social que proteja a los grupos más desfavorecidos de la sociedad ante la acción del mercado. Si un modelo así funcionara, bienvenido sea. En un segundo plano quedaría el hecho de que lo calificaran de socialista o capitalista. Después de todo deberíamos rememorar aquella famosa frase que le atribuyeron al reformista chino Deng Xiao Ping cuando, a partir de 1978, lideró la apertura económica que ha llevado al gigante asiático a los primeros planos mundiales: “No importa de qué color sea el gato; lo importante es que cace ratones”.

Notas

(1) Periódico Granma. Lunes 21 de diciembre de 2009. Edición Única. Pag.3
(2) Smith, Adam. Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Fondo de Cultura Económica de México, 1958.
(3) Varela Pérez, Juan. “ Baches en las tarimas, ¿pudieron aminorarse? ” , en Periódico Granma. Miércoles 3 de marzo de 2010.