Para la comunidad científica mundial, la reciente erupción del volcán islandés Eyjafjalla tuvo, desde luego, causas geológicas muy concretas. Pero para Rush Limbaugh, un locutor radial ultraconservador de Estados Unidos, es nada menos que la airada “respuesta ” de Dios a… la reforma sanitaria del presidente Barack Obama.

La nueva legislación ha causado revuelo, porque se trata de la primera vez en que el Gobierno del país más rico del planeta logra sacar adelante una ley para que la inmensa mayoría de la población tenga acceso a la cobertura médica, algo que otros países industrializados alcanzaron hace ya muchísimo tiempo. Al día de hoy, unas 47 millones de personas en Estados Unidos (de una población de 300 millones) no poseen ningún tipo de cobertura, aunque el sistema de salud norteamericano consume el doble de dinero que el de todas las demás naciones desarrolladas.

Sí existen, para determinados sectores desfavorecidos, dos programas estatales: el Medicare, del que se benefician los jubilados y las personas con algún tipo de discapacidad, y el Medicaid, para individuos de escasísimos recursos económicos, aunque ninguna de las dos variantes cubre todos los costos médicos.

Respecto a los ciudadanos que poseen seguros, unos 25 millones tienen una cobertura inadecuada, que los lleva a tener que pagar el tratamiento, por lo que muchos eligen no acudir al médico o declararse en bancarrota.

Es esta la situación que Obama se propuso cambiar, inspirado, según cuenta, en su historia personal, pues vio morir de cáncer a su madre, a los 53 años, mientras batallaba desde su lecho de enferma con las aseguradoras que le regateaban la asistencia. Por eso, su propuesta como candidato presidencial era un plan que garantizara un seguro médico obligatorio para los niños y un plan de salud gratuito opcional para aquellos desprovistos de cobertura. Se financiaría con el aporte de los empleadores y con la eliminación de los recortes de impuestos a los ricos, decretados por George W. Bush.

Al final, sin embargo, la reforma aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes, y que Obama firmó el 23 de marzo, fue rebajada y rebajada para lograr convencer a la mayor cantidad de legisladores que fuera posible, hasta que debió desestimar la opción pública gratuita, que en los países europeos cohabita junto a la modalidad privada.

Así pues, la nueva ley de salud, que prevé dedicar mayores recursos estatales al sector, incluye restricciones a las empresas aseguradoras, tales como la prohibición de negarse a aceptar a pacientes con “condiciones pre-existentes” (a saber, un extenso grupo de enfermedades que hasta ahora se negaban a cubrir). Tampoco podrán fijarles límites temporales o de gastos a determinados tratamientos, y deben ponerles precios transparentes a las pólizas. Además, la edad hasta la que los hijos quedan cubiertos por el seguro de sus padres se eleva de los 18 a los 26 años.

Por su parte, las aseguradoras esperan beneficiarse de la expansión de los servicios, y de que el gobierno requerirá a millones de personas para que adquieran obligatoriamente algún tipo de seguro, que podrán comprar con el auxilio de subsidios estatales. Quedan fuera de todo este esquema unos 10 millones de inmigrantes indocumentados, condición puesta originalmente por los escépticos para respaldarlo.

Acabado el trabajo, la ley fue aprobada en la Cámara, aunque con la total oposición de los legisladores republicanos, así como la de 34 demócratas. Enterado de su éxito, Obama anunció: “Hoy, después de un siglo de esfuerzos, después de un año de debate, después de que todos los votos se han contado, la reforma sanitaria se convierte en ley del país ”, y la firmó “en nombre de mi madre ”. Aplausos. Pero también objeciones. Y algunas con fundamento desde una ética de la preservación de la vida.

¿Y LOS NO NACIDOS? ¿Y LOS SIN PAPELES?

En el Partido Republicano, la aprobación de la reforma sanitaria sienta mal, en un año en que se celebrarán comicios para el Senado y la Cámara. Que a poco de iniciado su mandato, el presidente haya logrado modificar un sistema que ni Franklin Delano Roosevelt ni William Clinton pudieron siquiera rozar con un pétalo, supondría un impulso para los demócratas.

En las filas republicanas cala, además, la idea de que la reforma de salud viola los derechos constitucionales de los norteamericanos, en parte por la obligatoriedad de tener que suscribirse a un seguro. Por ello, muy poco después de la rúbrica presidencial, decenas de estados –mayormente gobernados por republicanos, desde luego– habían declarado formalmente su oposición a la ley –en ocasiones tildada de “comunista”– e iniciaron procesos para declarar su invalidez.

Ahora bien, el asunto tiene una arista preocupante, pues supondría indirectamente la posibilidad de asignar fondos estatales para la realización de abortos, algo prohibido por la denominada Enmienda Hyde, de 1976. Sin embargo, un representante demócrata católico, Bart Stupak, al frente de un grupo de correligionarios, desbloqueó su voto a favor de la reforma, tras llegar a un acuerdo con la Casa Blanca, mediante el cual Obama ofreció una “orden ejecutiva” que “prohíbe” el uso de fondos públicos para el fin antes señalado, salvo en casos de incesto, violación, o peligro para la salud de la mujer.

La decisión de Stupak, imprescindible para sacar adelante la ley, ha sido criticada –argumentos mediante– por la jerarquía eclesial y por los activistas pro-vida de ese país, si bien determinados sectores católicos la apoyan.

Visto el asunto a sobrevuelo, algunos quisieran entender que la Iglesia se opone a la reforma por la reforma misma. Pero nada más lejos de la realidad. De hecho, la posición de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, es la siguiente: “En nuestra tradición católica, los cuidados de salud constituyen un derecho humano básico. El acceso a ellos no debe depender de dónde trabaja una persona, cuánto percibe una familia o dónde vive un individuo. Al contrario, cada persona, creada a imagen y semejanza de Dios, posee el derecho a la vida y a aquellas cosas necesarias para sostenerla, incluyendo unos cuidados de salud accesibles y de calidad ”.

“Esta enseñanza –prosiguen los prelados norteamericanos– está enraizada en el llamado bíblico a curar al enfermo y a servir ‘al más pequeño de estos', en nuestra preocupación por la vida humana y la dignidad, y en el principio del bien común. Desgraciadamente, decenas de millones de norteamericanos no tienen seguro médico (por lo que) el actual sistema de salud está necesitado de una reforma fundamental ”.

Dicho esto –que se precisaba una reforma–, ilustremos las posturas. Entre los que dan su respaldo a la reforma de Obama, se ubica la Asociación Católica de Salud (CHA, por sus siglas en inglés), una organización profesional de administradores y patrocinadores de 620 hospitales católicos y otros servicios en Estados Unidos. Para ellos, aunque “no

es perfecta ”, la ley tiene el mérito de que expande la cobertura, especialmente a los más vulnerables; protege a las familias de la bancarrota por gastos médicos, y ayuda a 32 millones de personas a hacerse de un seguro a precio más cómodo. Y muy importante: “Estamos convencidos –añade un comunicado oficial del 21 de marzo– de que la ley de reforma no autoriza fondos federales para el aborto ”.

Sin embargo, algunas piezas quedan fuera en esa perspectiva, si bien no se le escapan a la Conferencia de Obispos. En carta a los miembros de la Cámara de Representantes, los pastores norteamericanos manifestaron la pertinencia de votar contra lo que todavía el 20 de marzo era un proyecto de ley emanado del Senado, por dos razones. En primer lugar, porque la inmensa mayoría de los planes de seguro médico disponibles financian abortos, y una familia que, con un subsidio estatal, se vea obligada a comprar uno de estos, estará contribuyendo indirectamente a tal fin.

Es ese el peligro que advierte el padre Thomas Euteneuer, presidente de Vida Humana Internacional y un conocido en las páginas de Palabra Nueva: “ No podemos dejarnos engañar por la “orden ejecutiva” que emitió el presidente Barack Obama, donde dice que se mantiene la prohibición del financiamiento de los abortos con el dinero de los contribuyentes, porque aquí en Estados Unidos el presidente únicamente aplica la ley, no puede cambiarla; el que hace la ley es el Congreso. El presidente solo puede impulsarla, pero no hacerla ni cambiarla. Por ello, esa ‘orden ejecutiva' no tiene ningún valor, al menos no ante los tribunales, si es cuestionada ante ellos ”.

En cuanto a la otra objeción de los obispos norteamericanos a la ley, estos abogan por una cobertura sanitaria verdaderamente universal, y la que Obama firmó deja desprotegidos a 10 millones de inmigrantes indocumentados, a los que se les prohíbe, incluso si contaran con el dinero, comprar un seguro médico.

Valgan entonces los avances en pro de beneficiar a la mayoría, y la voluntad de frenar a quienes lucran con la salud ajena. Pero alguna modificación de la nueva ley será necesaria, si lo que se desea es trabajar honestamente por el bien común, algo que merece mucha más atención que las señales percibidas por algún despistado en el rugido de un volcán islandés.