El barrio del Cerro atesoró en su momento el conjunto de la arquitectura del neoclásico colonial más importante del país. En un proceso lamentable, del que forman parte factores objetivos entre los que cuentan el paso del tiempo, la falta de recursos que ha frenado el mantenimiento, así como otras prioridades que el país ha debido encarar, paulatinamente se ha ido perdiendo el conjunto de emblemáticas edificaciones que otorgaban un sello distintivo al territorio.

Pero junto a factores objetivos, operan en el Cerro otros que incluyen la ignorancia y el maltrato, unido a la indiferencia y el desinterés de autoridades, instituciones y empresas, que en diverso grado son responsables de lo que día a día y ante los ojos de todos sufre el patrimonio local en mutilaciones, añadidos, daños y demoliciones sin medida.

Hace quince años, escuché del entonces director del Museo Municipal una expresión que posteriormente pude comprobar en los hechos: en el Cerro cada día, se pierde un valor de su arquitectura patrimonial. Ayer pudo ser una reja que desapareció, hoy un farol del alumbrado a gas arrancado del frente de una casa, mañana una fachada que se altera o un portal que se cierra con muros de ladrillos…

Una autoridad en el tema, con relevantes trabajos ejecutados en el rescate del centro histórico de La Habana Vieja, Daniel Taboada, Premio Nacional de Arquitectura 1998, en entrevista publicada por Opus Habana en 2001, expresó:

“El dolor parece infinito y el daño irreversible en el caso del Cerro. Antes, se hablaba del Cerro y se entendía que era la histórica Calzada, numerosas calles transversales, varias de ellas de gran importancia como Primelles, Palatino... Hoy nos queda el trazado de la Calzada enmarcada en suntuosos –pero aislados– exponentes de lo mejor del neoclásico colonial. Se ha perdido la masa de arquitectura de acompañamiento (...) La arquitectura protagonista, los edificios que cantaban, las casas quintas rodeadas de jardines, han disminuido en número y los existentes –salvo excepciones– se encuentran en estado de deterioro o ruinoso. Pienso que una de las pérdidas más dolorosas es la continuidad de los portales (...) Entre lo que puede perderse, me limito a señalar un ejemplo: la casa de los Marqueses de la Gratitud, sede del gobierno municipal. No solo se han perdido exponentes arquitectónicos emblemáticos de toda una época que –por sus características– eran propias de aquel asentamiento suburbano, sino que lo que queda en pie sufre transformaciones y recibe añadidos que enmascaran su origen”.

Una década atrás, cuando fueron expuestos esos criterios, no había aún cobrado impulso lo que vino después. En los años posteriores, junto a la pérdida de elementos valiosos pero aislados de una construcción, asistimos a la era de las demoliciones y se desató el ataque frontal a edificaciones patrimoniales hasta su completa aniquilación.

Entre 2001 y 2008 se llevó a cabo la destrucción paulatina y sistemática de la Quinta Echarte, señorial mansión colonial en la manzana de Santa Catalina, Falgueras, Domínguez y San Pablo, ejecutada bajo directa responsabilidad del Taller de Herrería de una empresa del Poder Popular que recibió como medio básico una mitad del edificio, y en lugar de preservarlo se dio a la tarea de destruirlo. En su momento, y a tiempo para detener la acción depredadora, fue informado por escrito al entonces presidente del Gobierno sin que tomara acción alguna, dejando así manos libres a los ejecutores para continuar la demolición hasta alcanzar el estado de desolación que hoy presenta. (1)

La sustracción de toda la viguetería de madera dura de su portal de treinta metros de longitud, las amplias galerías interiores y las dieciséis habitaciones dormitorios con que contó la edificación, se efectuó sin que la Fiscalía Municipal, situada en la acera de enfrente por la calle San Pablo, observara anormalidad alguna que motivara preocupación por informarse qué estaba sucediendo en su inmediata vecindad.

Hará tres años, un desplome parcial en la fachada del edificio de Calzada del Cerro 1754, entre Tulipán y Arzobispo, determinó la reubicación de los vecinos en albergues. Quien aún hoy, luego que la piqueta destructora accionara implacable para no dejar nada en pie, visite el lugar, podrá apreciar donde fue patio y caballeriza de la casa quinta, el formidable muro de cantería y lanzas que delimitó la propiedad de la Zanja Real y fondos de las casas de Tulipán y así comparar su extraordinaria similitud con el que se levanta en la Quinta de los Molinos de Carlos III.

Conociendo que la Quinta de los Molinos fue en el siglo xix la casa de verano de los Capitanes Generales que ejercían el gobierno colonial y que idéntico muro lo separaba del Paseo Militar, podrá hacerse una idea de qué calidad de construcción y riqueza de enrejados tuvo la casa de Cerro 1754, para que su límite con los fondos de casas vecinas ostentara una valla como la que adornaba la vivienda estival del representante en La Habana de los reyes de España. Su constructor, José Ricardo O'Farrill fue miembro de la poderosa familia habanera de ese apellido y dueño además de siete ingenios azucareros, así como de los edificios de Cuba esquina a Chacón, actual Hotel Palacio O'Farrill de la empresa Habaguanex y del que en la esquina de Habana y Chacón ocupa el Arzobispado de La Habana.

En meses recientes, el centro comercial de Calzada del Cerro y Zaragoza (edificio con la doble hilera de columnas más numerosa que quedaba en todo el perímetro de esa vía) fue objeto de la acción de los demoledores, quienes luego de cargar con las vigas de madera de los techos y no menos de doce rejas del muro de la azotea, apenas dejaron el cascarón de fachada y algunas columnas.

A través de ejemplos como los expuestos, que impactan la vida diaria de quienes vivimos, trabajamos y amamos este Cerro tan maltratado, crece la duda sobre si realmente en todas y cada una de las oportunidades se justifican las demoliciones totales sin que medie un análisis mesurado acerca de qué es preciso demoler y qué partes preservar.

Necesariamente nos preguntamos: ¿Cómo es posible que en un espacio urbano supuestamente protegido, prime, por encima de los valores patrimoniales, criterios de ignorantes o mezquinos intereses de quienes reciclan en provecho propio vigas, rejas, balcones, puertas y ladrillos? ¿Hasta cuándo se va a tolerar el accionar impune de esas personas que arrasan las piedras añejas y nobles del Cerro? Las leyes que teóricamente protegen el patrimonio edificado, ¿por qué son ignoradas por quienes tienen entre sus funciones la obligación de cumplirlas y hacerlas cumplir?

Además del principio general recogido en el artículo 39 de la Constitución, la Ley 2 de Monumentos Nacionales y Locales de agosto de 1977, facultó a la Comisión Nacional de Monumentos para dictar resoluciones encaminadas a regular en la materia. En el caso del Cerro, este fue declarado como zona protegida en 1987. Después, en enero de 2000, dictó la Resolución 161 que estableció la Zona de Valor Histórico Cultural del Cerro. A partir de este momento se delegó en la Comisión Provincial de Monumentos para revisar y aprobar las intervenciones que se realizaran en esta Zona de Protección, salvo en el caso de proyectos de construcción de nuevas edificaciones, los que deberá evaluar y aprobar la Comisión Nacional de Monumentos.

La resolución delimitó la zona protegida partiendo de Monte y Manglar, tomando como eje dicha calzada y la del Cerro hasta la avenida de Boyeros. Al Sur incluyó la calzada de Cristina hasta Agua Dulce, el Hospital 10 de Octubre, Buenos Aires, la antigua Quinta Covadonga y las calzadas de Palatino y Primelles. Por el Norte el parque de Tulipán, la calle Falgueras, la Quinta Santovenia, continuando al Este por San Gregorio en el Pilar hasta Manglar.

De la resolución fueron notificadas las entidades administrativas involucradas; por tanto, no cabe alegarse ignorancia, independientemente de que el no conocimiento de la ley no exime la obligatoriedad de su cumplimiento. Dejar de lado o violar ese instrumento regulador, conduce a la necesidad de analizar cómo operan los factores que se vinculan a la problemática del patrimonio en el territorio.

La Delegación Municipal de Monumentos es la encargada a nivel territorial de cumplimentar lo regulado por la Resolución 161 y elevar a provincia los expedientes de intervenciones de todo tipo presentados a su consideración. Por otra parte, la dinámica operativa del funcionamiento del Gobierno determina que el trabajo de la Delegación se valore más como un freno o un estorbo, y no una ayuda, impidiendo en muchas ocasiones que los problemas se encarrilen como es debido. En consecuencia, se toman decisiones previa consulta con algún factor en específico, como por ejemplo Planificación Física o Vivienda, y se obvia a la Delegación. Cada vez que eso sucede, se soslaya la consulta y autorización por la Comisión Provincial de Monumentos.

Ejemplo de lo expuesto fue la determinación tomada con relación a las dos soberbias edificaciones de la Empresa de Bebidas y Licores situadas en la calle Alejandro Ramírez y que fueron demolidas hasta los cimientos.

En el espacio que ocupó la primera de esas construcciones, se levantó un edificio multifa-miliar. La historia del que hacía esquina a la calle San Francisco es más sombría. Inicialmente, tanto escarbaron extrayendo material que abrieron un gran agujero; fue necesario aplicar bombas de achique para periódicamente extraer las pútridas aguas que se depositaban; luego de muchas semanas, camiones con tierra rellenaron de nuevo el hueco. Actualmente el área permanece cercada con planchas de seis pies, tan necesarias para techar casas afectadas por ciclones. Han pasado tres años. Al final, perdimos la valiosa construcción de gruesas columnas y... ¿qué objetivo se cumplió con ello?

También han ocurrido situaciones de signo opuesto. En estos casos, la Delegación, cumpliendo los requisitos y elevando propuestas a la Comisión Provincial, se ha visto burlada por el inversionista. Este personaje, a pesar de las puntuales especificaciones fijadas con anterioridad, se ha tomado libertades que violan lo acordado y dañan el inmueble patrimonial objeto de intervención. Por este camino hemos perdido en el Cerro valores históricos que se debieron respetar y salvar para la cultura nacional.

De ellos citaremos dos ejemplos que aún hoy constituyen heridas abiertas que lastiman y laceran en el territorio. El primero, la casa de Joven Cuba, de donde salió Antonio Guiteras Holmes a morir en el Morrillo, Matanzas, el 8 de mayo de 1935. En dicho inmueble se instaló una tienda de divisas. Se trata de una construcción de piedra desnuda, sin repellar, pequeña para el fin propuesto y contraria a la imagen light (vitrina de pacotillas) que ofrecen por lo general estos comercios de nuevo tipo. El inversionista no respetó lo pactado. Varias fueron las acciones que desnaturalizaron la histórica edificación: revistió la fachada de piedra desnuda y rompió las proporciones del edificio al elevar la fachada para ocultar la estructura de metal que se adicionó al fondo, entre otras lindezas que harían largo el relato. Lo único que pudo impedirse fue la pretensión de situar los servicios sanitarios de la tienda en el área previamente destinada para el memorial a Guiteras.

El otro lamentable caso estuvo relacionado con la Sociedad del Pilar. Por muchos años, se buscaron formas de salvar el local que perteneció a la primera sociedad netamente cubana de instrucción y recreo, fundada en 1848. Cuando surgió la variante de acondicionarla para anexo de escuela, pareció que se podría preservar el histórico sitio. Las especificaciones acordadas incluían la conservación de las fachadas y del salón de actos, donde el elemento central lo constituía la veintena de columnas que a diferencia de la tipología del neoclásico imperante en el Cerro, mostraban lo autóctono, lo cubano de nuestros bosques, en ceibas o caobas, en forma de grandes nódulos en su base, las protuberancias de las raíces cuando el tallo aflora, el tronco en su región central, para abrirse en nacientes ramas en la parte superior.

Impulsados por los muy conocidos cronogramas de entrega de obras, que han dado origen a tantas chapucerías en las construcciones en el país, y aún faltando seis semanas para el inicio del curso escolar, los responsables determinaron ganar tiempo demoliendo las columnas. Siempre es más rápido y barato demoler que restaurar.

Paralelo a la Delegación Municipal de Monumentos, funciona el denominado Puesto de Mando y la Oficina de Rehabilitación Urbanística cuyo trabajo está orientado a la protección de la población en situaciones de emergencia por huracanes, derrumbes y eventos similares. A ese efecto permanece activada una oficina (Puesto de Mando), adonde se informan las ocurrencias que tienen lugar. Recibido un aviso, se trasmite la información por dos canales: uno a la Presidencia; el otro al arquitecto de guardia, de la Oficina de Rehabilitación Urbanística. Así, mientras la Presidencia se encarga de la reducción de daños en las personas, el arquitecto de la ORU hace el dictamen técnico sobre el estado de la edificación y contacta a Demoliciones para que intervenga.

Nos encontramos así con dos instancias que responden a fines distintos, pero que operan sobre un mismo espacio urbano donde coexisten, perfectamente delimitadas, una zona de valor histórico cultural junto a otra que no forma parte de ella. Se carece de un enlace entre ambas entidades que da lugar, desde la óptica y fines del Puesto de Mando y el arquitecto de guardia, a que se borre en la práctica la diferencia entre las dos zonas y ambas reciban igual tratamiento, o sea, como si no existiera el área especialmente protegida.

Dentro del esquema expuesto nadie informa que el edificio notificado para demoler, es donde, por ejemplo, se desarrollaron las reuniones obreras en 1938, que dieron por resultado la fundación de la Confederación de Trabajadores de Cuba. En consecuencia, cuando los técnicos del museo local se presentan en el sitio para al menos rescatar la tarja de bronce que dejaba constancia del suceso, esta ya había desaparecido. Eso ocurrió con el edificio de Calzada de Monte 986-988, frente a la calle Pila.

Falta el mecanismo de enlace entre ambas instancias relacionadas con las construcciones y su destino. Para las edificaciones comprendidas en el área protegida, el accionar de la presidencia del Gobierno no puede limitarse a la atención y ubicación de las personas afectadas, soslayando el futuro de la construcción. Es preciso que conozca, participe y proteja con el máximo interés también los edificios. Tampoco es aceptable que el arquitecto de guardia esté facultado para determinar qué hacer en las construcciones de la zona protegida, pues carece de elementos de juicio y conocimientos acerca del valor de los sitios patrimoniales sobre los cuales está tomando decisiones. Llamar a Demoliciones tiene que ser una decisión colegiada y a otro nivel.

Es preciso además, jerarquizar y dar el espacio para que la Delegación Municipal de Monumentos pueda llevar a cabo sus funciones, lo que implica que las decisiones sobre edificaciones patrimoniales se tomen en su marco y con el procedimiento fijado a través de la Comisión Provincial. Con ello y la creación del nexo apropiado entre Delegación y Puesto de Mando-ORU, daría inicio una nueva etapa que haga desaparecer buena parte de las insatisfacciones hoy presentes. Y por favor, no olvidar que rehabilitar es, por definición, capacidad de volver a ser habitable, aunque sea de forma parcial. No demoler.

Nota:

1 Veáse “Comején en piedras nobles”, Palabra Nueva No. 175