El papel de las instituciones gubernamentales
Junto a la doble ciudadanía, el derecho a participar en las elecciones nacionales desde el exterior es cada día más común. Durante la década de 1990, muchas de las reformas constituciones y electorales en América Latina le concedieron ese derecho a sus diásporas. Numerosos gobiernos han eliminado el requisito legal de residir en el país de origen para votar. Países como Italia, Portugal y Colombia incluso reservan espacios legislativos para representantes de sus comunidades expatriadas. Dos de los medios más comunes para instrumentar el voto externo son el voto en embajadas y consulados del país de origen y el voto por correo.47 Sin embargo, las dificultades prácticas de organizar el voto externo han contribuido a unas bajas tasas de participación electoral entre algunos grupos de emigrados. De todos modos, el voto externo es uno de los mecanismos básicos para asegurar la participación política de la diáspora en su país de origen. También es una forma de fomentar las continuas remesas de los emigrados.
Los incentivos para la inversión
Algunos países emisores de migrantes han reclutado a empresarios e inversionistas de la diáspora para crear empleos y propiciar el crecimiento económico de sus países de origen. Los casos de China, la India, Irlanda e Israel demuestran que las diásporas pueden contribuir capital, tecnología, conocimientos y redes comerciales para desarrollar industrias intensivas en conocimiento, como la informática y la biotecnología. Varios de estos gobiernos han facilitado el acceso al capital y el desarrollo de destrezas, así como han reducido los impuestos para importar materias primas y equipos al país de origen, entre otras iniciativas.48 Además, dichos gobiernos han permitido que los inversionistas y dueños de empresas de la diáspora entren y salgan libremente de sus países de origen y asentamiento. Tales medidas trasmiten claramente el mensaje de que los empresarios de la diáspora son bienvenidos en el país de origen.
La “circulación de cerebros”
Muchos países emisores de migrantes han perdido talento humano mediante el mecanismo conocido popularmente como “fuga de cerebros”: la exportación de personal altamente calificado. Los mejores salarios, condiciones de empleo y oportunidades de desarrollo profesional en los países más industrializados de Europa occidental y América del Norte atraen a numerosos profesionales, científicos y técnicos de los países menos industrializados de Asia, América Latina, el Caribe y África. Para muchos gobiernos emisores de migrantes profesionales y técnicos, el desafío es cómo rescatar esos recursos humanos reloca-lizados en el exterior. Algunos países como las Filipinas, China y la India han fomentado el regreso de trabajadores preparados académicamente mediante la flexibilización de las visas de entrada y la simplificación de los requisitos para residir y trabajar en los países de origen. El mejoramiento de la infraestructura material e institucional, especialmente en las áreas de la educación y la salud, también ha sido una de las prioridades de dichos gobiernos.49 Tales experiencias sugieren que es posible, aunque difícil, propiciar la “circulación de cerebros” entre las regiones menos desarrolladas y las más desarrolladas económicamente.
El turismo étnico
Una creciente proporción de los migrantes y sus descendientes visita regularmente sus países de origen. Los turistas de la diáspora suelen alojarse con parientes o en hoteles más pequeños, comer en restaurantes locales, comprar artículos de producción local y aportar más a la economía local que otros tipos de turistas. Muchos regresan a “casa” en fechas especiales como las Navidades, las fiestas populares y otras ocasiones rituales como cumpleaños y bodas. El turismo étnico puede generar demandas de nuevos tipos de bienes y servicios en las economías receptoras, como, por ejemplo, la organización de viajes a lugares de interés cultural o genealógico. Los gobiernos de los países emisores de migrantes pueden capitalizar en el interés de las nuevas generaciones de conocer sus “raíces” ancestrales a través de visitas guiadas a sus pueblos de origen. Varios países, incluyendo a la India, Irlanda, Israel, México y Vietnam, han promovido el regreso temporal de sus diásporas, en algunos casos permitiéndoles la entrada sin necesidad de una visa.50
El comercio nostálgico
Los emigrados constituyen un mercado de consumo cada vez más importante para sus países de origen. Adquirir productos étnicos es una manera de mantener las tradiciones culturales del país de origen en el extranjero. El comercio nostálgico consiste en la exportación de bienes producidos en los países de origen para su consumo en la diáspora, incluyendo comida, artesanías y ropa tradicionales. Los inmigrantes latinoamericanos y caribeños importan grandes cantidades de ron, cigarros, tamales, pan, té y queso, entre otros productos de sus países de origen.51 Los pequeños negocios étnicos en los países de asentamiento, como Estados Unidos, son los principales intermediarios para estos productos. Países como España y México han estimulado la exportación de productos de cooperativas de artesanos; otros, como Italia y Francia, han minimizado el problema de las marcas nacionales (como el aceite de oliva y el vino) producidas en otros lugares.52
Las relaciones con organizaciones
filantrópicas y voluntarias
Históricamente, los inmigrantes y sus descendientes se han caracterizado por donar dinero para promover diferentes causas en sus países de origen. Hoy día, las diásporas contienen numerosos individuos prominentes y organizaciones voluntarias interesadas en colaborar con el desarrollo de sus respectivas comunidades emisoras. Entre estos se encuentran personalidades públicas, empresarios, deportistas, artistas y magnates, así como asociaciones de compueblanos, fundaciones privadas, grupos religiosos y otros donantes. Las experiencias de varias fundaciones en la India, las Filipinas, el Líbano y Colombia confirman que las diásporas pueden hacer importantes contribuciones filantrópicas a sus países de origen. Asimismo, las diásporas pueden proveer trabajo voluntario y asesoramiento profesional en proyectos de desarrollo comunitario en sus países de origen.53 Los incentivos contributivos y los pareos de fondos han sido mecanismos efectivos para canalizar donaciones de dinero y tiempo de parte de las diásporas, así como los programas de ayuda internacional apoyados por diversos gobiernos y organizaciones no gubernamentales.
La diáspora cubana:
Posibilidades y dificultades
La diáspora cubana asentada en Estados Unidos
Rasgos demográficos y económicos
Los datos sobre la comunidad cubana residente en Estados Unidos –donde radica la inmensa mayoría de los cubanos que viven en el exterior– reflejan la influencia económica y política de este grupo. El censo de 2010 de EE.UU. encontró 50.5 millones de hispanos en este país (16% de una población total de 308.7 millones). De ellos, los de ascendencia cubana representan el 3.5% de los habitantes de origen hispano, lo cual los convierte en el tercer grupo de esa procedencia, después de los mexicanos (31.8 millones, 63%) y puertorriqueños (4.6 millones, 9.2%).54 Estos tres grupos constituyen las tres cuartas partes de la población hispana en Estados Unidos. Si bien reside en este país un total de 1 785 mil 547 cubanos y sus descendientes, la mayor parte de ellos, 1 213 mil 438, vive en la Florida, y conforma el mayor grupo de migrantes latinoamericanos, en particular en el Condado de Miami-Dade.55 De acuerdo con las cifras del Censo, hubo un incremento de cubanos en Estados Unidos, de casi un 44% entre 2000 y 2010.
Una encuesta del Pew Hispanic Center realizada en 2008 informó que el 58% de los cubanoamericanos hablaba inglés de manera fluida. El nivel de educación era superior al del resto de la comunidad hispana, ya que una cuarta parte había obtenido un título universitario, en contraste con solo el 12.9% del resto de la población hispana.56
En el año 2000, la comunidad cubanoamericana totalizó 1.2 millones de personas con una media de ingresos familiares de $30 084 anuales, que se traducían en 14.2 mil millones de dólares. Los autores de un estudio publicado en 2003 consideraron que si se sumaban los ingresos al valor de las empresas y propiedades de los cubanos radicados en Estados Unidos en 2000, el total rondaría los 40 o 50 mil millones de dólares.57
Las pesquisas del Pew Hispanic Center publicadas en 2008 estiman la media de ingreso personal de los cubanos de 16 años o más en $26 478, en ventajosa comparación con los $21 488 que se estima reciben los demás hispanos en esas edades. La crisis inmobiliaria y la recesión iniciadas en septiembre de 2007 pudieron haber disminuido los recursos de los cubanoamericanos.
La diferencia es aún más acentuada si se compara a los cubanos que vivían bajo la línea de pobreza en 2008, antes de la recesión, con las otras comunidades hispanas. Estas alcanzaban un 20.7% y los cubanos un 13.2%; el índice nacional entonces ascendía a 12.7%. No menos relevante es que antes de desatarse la crisis inmobiliaria, el 59.7% de los cubanos era dueño de sus viviendas –la mediana nacional era de 66.6%– en comparación con el 49.1 % de los dueños en otras comunidades hispanas.58
Identidades y tendencias políticas
Más de la mitad de los cubanos residentes en Estados Unidos (58.2%) ya eran ciudadanos de este país en 2008, y actualmente están mucho mejor representados que otros grupos de inmigrantes, tanto en los gobiernos locales y estaduales, como en el federal. En la legislatura del estado de la Florida, de 13 representantes hispanos solo dos no son de ascendencia cubana (uno es oriundo de Puerto Rico y otro es descendiente de españoles). En el Congreso federal hay seis cubanoamericanos. La presencia de estos cubanos en ambas cámaras congresales, conjugada con la eficacia del lobby político de grupos organizados de exiliados desde instituciones de la sociedad civil, ha sido un factor muy influyente –aunque no el único– en la promoción de leyes y la adopción de posturas políticas hacia Cuba por parte de diferentes gobiernos estadounidenses, tanto demócratas como republicanos.
Diversas universidades e institutos de Estados Unidos han seguido la evolución de la comunidad cubanoamericana. Los resultados investigativos sobre temas cubanos han incentivado siempre no solo el debate académico sobre sus aciertos o deficiencias, sino también acaloradas discusiones de naturaleza política e ideológica. Los referidos a la diáspora no han sido la excepción. En este caso sucede, por ejemplo, que algunas personas de la propia comunidad cubanoamericana consideran “políticamente incorrecto” referirse a los cubanos radicados en el exterior como “emigrados” que forman parte de una diáspora. En su lugar, reafirman la calificación tradicional de exiliados, bajo la cual se les ha reconocido por décadas y que consideran su genuina identidad grupal.
Las diásporas son comunidades complejas y plurales, compuestas por personas que tuvieron diferentes motivaciones para emigrar y relocalizarse en otro país. En ellas pueden encontrarse personas que se clasifican como refugiados políticos, asilados, exiliados, migrantes económicos, desplazados por guerras o desastres naturales y otras más. En ese sentido, muchas diásporas tienen entre sus miembros una franja de exiliados, pero no por ello puede afirmarse que toda la diáspora está compuesta por “refugiados” en el sentido de personas que huyeron de su país por temor a la persecución política, étnica o religiosa. Además, todo exiliado no deja de ser un emigrado, en el sentido de haberse desplazado a otro país, aun cuando su motivación fuese política y no eminentemente económica.
El concepto de diáspora proviene principalmente de la historia del pueblo judío y la saga de los esclavos traídos de África, y está por tanto asociado a la noción de un desplazamiento forzoso provocado por conflictos, persecuciones o discriminaciones. Sin embargo, su uso se ha flexibilizado hasta abarcar también a aquellos que parten para alcanzar una vida mejor, en busca de oportunidades que consideran inexistentes en el país donde nacieron, pero hacia el cual tienen motivos suficientes para sostener relaciones. Es decir, los miembros de una diáspora pueden tener múltiples razones para salir de su país natal y asentarse en otro de manera temporal o permanente. El denominador común es que no quieran romper con los diversos lazos que los unen al país de origen, aunque sostengan la creencia de que sus aspiraciones –sean personales o colectivas– no podían ser satisfechas en el momento en que decidieron desplazarse.59
A los efectos de nuestro informe, empleamos el término diáspora para referirnos a aquellas comunidades de nacionales de un país que se han radicado en otros por diversas razones, y cuyos miembros tienden a sostener diversos tipos de interacción, sea familiar, económica, cultural o política, con el país de origen, aunque una parte de la comunidad opte por distanciarse de él e intente integrarse en el país anfitrión.60 Ese tipo de interacción –ejercida más allá de las fronteras del país de nacimiento y que a veces se completa legalmente con la tenencia de una doble ciudadanía– ha sido facilitado en décadas recientes por el impacto de la masificación del transporte y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.61 Los Estados pueden promover u obstruir el creciente tejido de relaciones transna-cionales que las diásporas ponen en movimiento con respecto a sus países de procedencia. Sin embargo, en ciertas circunstancias, la prosperidad de sectores y regiones vulnerables puede llegar a depender de diversas formas de cooperación constructiva con las diásporas.
De manera creciente desde el siglo xx, las comunidades emigradas han mantenido y desarrollado múltiples lazos culturales, económicos y políticos con sus países de origen, lo cual ha alterado la percepción de esas comunidades como entes segregados y marginales de sus patrias respectivas. La magnitud de algunas diásporas y el complejo tejido de relaciones que sostienen con su país de origen han hecho que algunos expertos comiencen a hablar de naciones transnacionalizadas.62 Bajo ese concepto describen el fenómeno, cada vez más frecuente, de una parte de la nación que se localiza físicamente fuera de las fronteras territoriales del país, pero mantiene una fluidez tal de interacciones con él, que no se le puede considerar ajena y separada de la vida nacional. Si bien el surgimiento de algunos de esos procesos de transnacionalización pueden identificarse incluso antes del siglo xx, las nuevas tecnologías y procesos de globalización han extendido y profundizado esa nueva realidad.
En el caso específico de los cubanos, existe una diáspora que tiene entre sus miembros a un sector de personas que se ven a sí mismas como exiliados o refugiados políticos, y pueden o no pertenecer a organizaciones de ese corte y participar en actividades propias de las políticas del exilio. Otros abandonaron Cuba sin desarrollar una conciencia opositora, no se identifican con el término de exiliados y dicen haber “emigrado” en busca de mejores oportunidades personales. Sin embargo, ciertas condiciones muy peculiares de la diáspora cubana representan un denominador común entre los que se describen a sí mismos como exiliados y los que prefieren no hacerlo. Con excepción de una minoría que goza de los Permisos de Residencia en el Exterior, todos –descríbanse como exiliados o como emigrados, sea cual fuere el país escogido para desplazarse– vieron en sus pasaportes un cuño estampado que indica una “salida definitiva del país” donde nacieron.63 Han perdido el derecho a radicarse nuevamente en su país de origen.
Es así que un segmento relevante de la nación cubana actual ha sido formalmente excluido de su país de origen, al que solo tiene acceso por medio de un permiso que puede ser revocado sin mediar explicación alguna. Es en esta muy excepcional condición donde radica la diferencia principal con respecto a otras diásporas, sometidas a leyes migratorias nacionales y estandarizadas internacionalmente.
Obstáculos a la plena incorporación de la diáspora
Los cubanos requieren de permisos gubernamentales para emigrar e incluso para viajar. Si salen sin el permiso correspondiente o este vence antes de que hayan retornado a la Isla, se les puede considerar “desertores” y ya no se les permite regresar a vivir al país donde nacieron, al cual en lo adelante apenas podrán visitar por un mes si se les otorga la visa correspondiente.64 Cuando un cubano decide aventurarse a emigrar, su proyecto se transforma en una experiencia permanente de vida en la cual le está vedada la posibilidad de un patrón migratorio circular.65 En tales casos, todas sus pertenencias –desde una casa hasta una bicicleta o un juego de mesa– son confiscadas por el Estado.66 Más adelante, esa particular condición migra-toria les presentará desafíos adicionales a los que experimentan personas de otras nacionalidades.
Las tarifas telefónicas de larga distancia hacia Cuba son las más altas del hemisferio americano y no hay acceso personal a Internet en la Isla –salvo en los casos en que el Estado ha concedido un correo oficial o cuando se utiliza el mercado negro–. Las tarifas de los hoteles para conectarse a la red son muy altas. Cuba está entre los siete países de América Latina y el Caribe de más baja conec-tividad a Internet. Según una encuesta realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) de Cuba, solo el 2.9% de los participantes dijo haber tenido acceso al menos una vez a Internet en 2008.67
Los trámites consulares para obtener la documentación necesaria para visitar su país de origen –o para llevar a un familiar de visita adonde se reside– son engorrosos y muy caros. La obtención de un pasaporte cubano en un consulado en Estados Unidos puede costar 400 dólares y apenas es viable por dos años, tras los cuales hay que pagar una cantidad adicional para extender su duración por otros dos. Mantener la vigencia de un pasaporte cubano por seis años supone un desembolso básico de $730, sin incluir las tarifas por gestionarlo.68 Los pasajes para volar a Cuba desde el aeropuerto estadounidense más cercano, en Miami, y recorrer una distancia inferior a las 100 millas, promedian entre $300 y hasta $600 o más, según la temporada. Por esa cifra es posible en ocasiones obtener vuelos promocionales desde ese mismo aeropuerto a Barcelona.
La legislación migratoria cubana:
necesidad de su actualización
Es esa desventaja excepcional en el punto de partida del creciente número de cubanos que arribaba a Estados Unidos, la que condujo al otorgamiento de ventajas excepcionales en el principal punto de llegada mediante la Ley de Ajuste Cubano.69 Entre esa masa de cubanos, el gobierno de Estados Unidos no podía seleccionar a quiénes deseaba dar la bienvenida y a quiénes prefería deportar a Cuba, porque el gobierno de la Isla no los recibiría de vuelta, como ocurre con los inmigrantes indocumentados de otras nacionalidades. La única opción que desde entonces han tenido disponible EE.UU. y otros países, hasta que no cambie la política cubana sobre este asunto, es la de “ajustar” la situación migratoria de los cubanos que llegan a su territorio con la intención de quedarse, a fin de que no permanezcan en un limbo legal. Sin embargo, esta solución práctica al problema de la residencia legal de los cubanos y la laxitud de su implementación, incentivaron los proyectos migratorios hacia este país de muchas personas en la Isla, inclusive de aquellas carentes de documentos pertinentes tanto de Cuba como de Estados Unidos.
El tratamiento ideologizado desde 1960 en Cuba al tema migratorio y la calificación oficial de “traidores” a los potenciales migrantes, propiciaron la realización de “actos de repudio”, como los ocurridos cuando el éxodo del Mariel en 1980. No es fortuito que aun aquellas personas que nunca se vieron a sí mismas como opositoras antes de salir de Cuba, y que incluso hoy no se perciben a sí mismas como exiliados, sientan fuertes emociones de rechazo por las circunstancias traumáticas que rodearon su salida del país y porque se les continúe negando sus derechos plenos como migrantes.
El gobierno cubano, sin embargo, no ha actualizado sus leyes para normalizar los procesos migratorios y las relaciones del país con su diáspora. Una normalización de ese tipo facilitaría, a su vez, que el gobierno de Estados Unidos regularizara los procesos migratorios con Cuba, incluyendo un acuerdo sobre deportaciones, y se posibilitara así la revisión de la Ley de Ajuste Cubano a fin de poner fin al incentivo migratorio que esa legislación conlleva.
El gobierno cubano ha expresado ocasionalmente que no podría garantizar la seguridad nacional si prescindiera de los permisos de entrada y salida del país. Sin rechazar la legítima preocupación de todo Estado por controlar sus fronteras, es difícil creer que la protección de la seguridad nacional frente a eventuales amenazas externas exija la limitación del movimiento de millones de personas. Una amenaza grave, confirmada e inmediata de terrorismo se cierne hoy sobre países tan diferentes como Estados Unidos, Rusia, Paquistán, India, Argelia y casi toda Europa occidental, pero ninguno de ellos ha recurrido al sistema de controles migratorios que rige en Cuba. Existen otras opciones para controlar las fronteras nacionales, sin necesidad de mantener una política migratoria restrictiva, propia de las aplicadas por el bloque socialista durante la Guerra Fría y que países como China o Vietnam ya han abandonado.
Posiciones de los cubanoamericanos respecto
a las relaciones con Estados Unidos
Políticos y cabilderos en Estados Unidos encuentran en la comunidad cubanoamericana una base social que se ha transformado demográficamente a lo largo de cinco décadas y que hoy profesa un interés mayor por mantener y ampliar vínculos con familiares y amigos en su país de origen. En ese sentido, la comunidad es actualmente mucho menos favorable a la aplicación de estrategias violentas o aislacionistas que medio siglo atrás, cuando parte de esa comunidad se involucraba en acciones armadas contra el gobierno de La Habana o impulsaba sanciones que limitaran todo tipo de vínculos con la Isla.
Siempre hubo en la diáspora cubana radicada en EE.UU. quienes se opusieron a esas acciones armadas contra el gobierno en Cuba. Las encuestas (1993-2008) de la Universidad Internacional de la Florida (FIU, por sus siglas en inglés) muestran una tendencia creciente en la comunidad cubana a distanciarse de tales acciones y a oponerse a políticas aislacionistas que impidan el flujo normal de relaciones con sus familiares. La primera encuesta realizada por FIU en 1993 para auscultar las opiniones de los cubanos en Estados Unidos indicó que el 87% de los encuestados favorecía incrementar la presión económica internacional sobre Cuba, y el 73% se pronunciaba a favor de una acción armada de exiliados contra el gobierno de la Isla. En la encuesta de 2008, sin embargo, solo el 45% favorecía mantener el embargo de Estados Unidos a Cuba y el 55% se oponía. A la vez, el 65% favorecía el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, mientras que solo el 35% seguía oponiéndose.70
La diáspora cubana –que incluye, entre otros, a exiliados y refugiados políticos– se asemeja, cada vez más, a otras comunidades que residen fuera de su país de origen y se esfuerzan por mantener vínculos con familiares, amigos e instituciones que dejaron atrás y a quienes ayudan de varias maneras. Sin embargo, el contexto en que la diáspora cubana intenta mantener relaciones normales con su país de origen es mucho más complicado y adverso, en comparación con otras nacionalidades. La política migratoria vigente en Cuba impide el patrón de migración circular y obstaculiza la actividad transnacional entre la diáspora y su país de origen, por lo que la Isla pierde considerable capital humano al prescindir de profesionales cuya formación supuso gran inversión de tiempo y recursos. Esta política migratoria singular tiende a alimentar el resentimiento de los emigrados hacia el gobierno de su país de origen y dificulta los lazos familiares con los residentes de la Isla.
Las nuevas disposiciones y la diáspora
Escasez de referencias a la diáspora en el discurso nacional reciente
En febrero de 2008 se formalizó la posición del general Raúl Castro como Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y en abril de 2011 fue elegido, en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), Primer Secretario de esa organización. Desde un inicio el presidente Castro ha expresado reiteradamente su preocupación por mejorar la situación económica del país y se ha pronunciado a favor de un cambio en la actitud y mentalidad oficial hacia lo que se ha denominado sector no estatal de la economía.
Sin embargo, en estos cuatro años no ha ocurrido un cambio visible hacia la diáspora y su posible papel en el desarrollo del país. En el VI Congreso del PCC no se decidió nada más allá de disponer que se hiciera un estudio sobre la posibilidad de facilitar los viajes al exterior de los cubanos residentes en la Isla, pero no se hizo referencia alguna a la posibilidad de que los miembros de la diáspora tengan un mayor acceso a su país natal. Ya concluida la redacción de este informe, cuando se procesaba para su traducción y publicación, la Comisión conoció las palabras de Raúl Castro, ante la sesión plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular del 1ro. de agosto de 2011, en que anunciaba por vez primera que el gobierno trabajaba en actualizar la política migratoria.
La Comisión que redactó el presente informe estima que al así llamado sector no estatal de la economía se ha integrado de manera informal un sector de la diáspora cubana. Aun antes de que las nuevas medidas abriesen las expectativas de formalizar y ampliar el tejido de relaciones económicas entre el sector no estatal de la economía y la diáspora, esta ya inyectaba un sustantivo flujo de capital –equiparable al de cualquier sector económico de punta– con sus viajes a la Isla, remesas monetarias, pago por servicios telefónicos de larga distancia y celulares usados en Cuba y envío de productos y equipos.
Por su parte, el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha hecho de la comunidad cubanoamericana el centro de sus innovaciones en la política hacia Cuba. Desde su llegada a la Casa Blanca, el presidente Obama se ha esforzado por ganarse la buena voluntad de la diáspora y sus familiares en la Isla, mediante el levantamiento de restricciones y el establecimiento de facilidades en las relaciones recíprocas.71
Entre tanto, la política migratoria cubana se ha mantenido básicamente inalterada, pese a que numerosas personalidades y funcionarios han manifestado que es hora de cambiarla, en especial mediante la supresión de los permisos de salida y entrada al país para los nacionales.72 Otro tema hasta ahora no discutido públicamente ha sido el de permitir que los cubanos residentes en la Isla y otros países tengan el mismo derecho y facilidades para invertir en la economía nacional que los empresarios extranjeros o, al menos, que esos derechos sean equivalentes a los que se otorguen a los nuevos emprendedores del emergente sector no estatal. La llamada actualización del modelo económico aparece hasta el momento desconectada de toda posible actualización paralela de la legislación migratoria. La probabilidad de éxito de la actualización económica aumentaría si al mismo tiempo mejorase la relación entre Cuba y su diáspora.
No obstante, falta aún perfilar el alcance de las nuevas medidas económicas en Cuba y realizar un estimado de sus posibilidades de éxito. En primer lugar, el gobierno cubano debe definir con claridad si el sector no estatal va a desarrollar una economía de subsistencia, restringida a 178 ocupaciones de ámbito muy limitado, o podrá participar en el desarrollo de la economía nacional en un sentido amplio. En segundo lugar, debido a la crisis existente de liquidez nacional, se necesita una inyección sustantiva de capital externo al sector emergente para que pueda absorber la fuerza de trabajo que perderá su empleo próximamente. También se requiere de la formación de capital humano e institucional para desarrollar una economía con más componentes propios de una economía de mercado. Estas realidades le plantean al gobierno cubano la necesidad de practicar de forma creativa la nueva mentalidad a la que ha convocado el presidente Raúl Castro.
Una parte del capital financiero, social y humano que necesita el sector emergente de la economía cubana puede provenir de la diáspora. En las actuales condiciones crediticias que enfrenta el país y teniendo presente que el levantamiento de las sanciones del embargo codificadas en la ley Helms-Burton (que incluye la prohibición de viajes de estadounidenses a Cuba) no es probable en un futuro previsible, solo la diáspora podría aportar capital económico, social y humano con la rapidez necesaria para darle un impulso inicial al sector privado emergente en la Isla.
La diáspora: recursos y posibilidades
Alejandro Portes y Min Zhou han señalado que “la literatura tradicional sobre desarrollo nacional ha prestado escasa atención al fenómeno de la migración internacional. Cuando lo ha hecho, el sentimiento general es que esos flujos eran otro síntoma de subdesarrollo o que habían contribuido a agravar aún más la situación vaciando regiones enteras de población y drenando el escaso talento disponible”.73 Portes y Zhou, sin embargo, llaman la atención sobre el hecho de que, si bien esa perspectiva ha comenzado a ser revisada al tomarse conciencia del monto significativo de recursos financieros que los migrantes remesan a sus países de origen, aún falta camino por recorrer. Según estos expertos todavía no se han estudiado adecuadamente los variados esfuerzos organizados que esas comunidades migratorias realizan por sí mismas, así como en cooperación con grupos localizados en los países de origen e incluso con los gobiernos de esas naciones.
¿Cuáles son las potencialidades de la diáspora cubana para involucrarse en los procesos de desarrollo de su país de origen y qué condiciones previas son necesarias para que puedan materializarse esas posibilidades? La diáspora cubana en múltiples regiones del mundo y en Estados Unidos, donde radica casi el 80%, posee diversas formas de capital que serían de gran utilidad poner al servicio del país de origen. Ellas son: a) capital económico, b) capital social, c) capital humano y d) capital simbólico.
Capital económico
Bajo esta denominación incluimos todos los recursos financieros, productivos y de comercialización que tienen las empresas de diferente magnitud propiedad de cubanos radicados en el exterior. Como apuntamos anteriormente, Díaz-Briquets y Pérez-López estimaban un capital total de unos 40 a 50 mil millones de dólares entre ingresos y propiedades de la comunidad cubana en Estados Unidos en 2003.74 También habría que contabilizar el valor de las remesas y paquetes –sean trasladados por vía formal o informal–, así como el pago de servicios de celulares en Cuba y de las llamadas de larga distancia desde y hacia la Isla, el cobro de trámites aduanales y migratorios, los gastos en que incurren los visitantes cubanos al viajar a su país de origen y otros ingresos informales cuyo monto multiplica de forma significativa los recursos que recibe Cuba.
Según un estudio concluido en mayo de 2011, la comunidad cubanoamericana aporta un 68% del total de remesas enviadas a Cuba y la frecuencia de los envíos es de ocho veces al año, con un promedio de $150 por envío en la actualidad ($1 200 como promedio anual). Por su parte, los receptores de remesas tienden a ahorrar una porción y el monto total acumulado en virtud de esos ahorros actualmente alcanza los $900 millones. El 87% de ese capital no está depositado en cuentas bancarias en la Isla. El 43% de los receptores de remesas no manifiesta por ahora interés en invertirlas en un negocio, mientras que el 34% expresa interés en hacerlo y el 23% ya lo ha hecho.75
La noción de que una apertura económica en Cuba abierta a la participación de la diáspora transformaría a sus miembros en futuros actores de los cambios no se ajusta a la realidad. Hace ya algún tiempo que los miembros de la diáspora interactúan con la economía nacional por las razones indicadas en el párrafo anterior y porque muchos cubanos participan en una economía de frontera sumergida entre la Isla y la Florida. Del mismo modo que las nuevas medidas económicas en Cuba tienen, entre otros, el propósito de “sacar a flote” la economía informal e integrarla a las estructuras formales de la economía, otro tanto podría hacerse con esta economía multimillonaria aunque informal que permanece en la penumbra entre la Florida y Cuba.
Estamos en presencia de un mercado fragmentado geográficamente en el que la demanda y el consumo se realizan en un lugar y la oferta en otros, y ambos están conectados por redes de familiares y amigos. Un recorrido por la publicidad de radio, prensa y televisión del Condado de Miami-Dade revela cadenas de tiendas suministradoras de una oferta cuyos compradores están localizados en esta ciudad, pero cuyos consumidores –los que generan esa demanda– están en Cuba. Muchos de los negocios de los trabajadores cuentapropistas en la Isla –como es el caso de barberías, alquiler de disfraces y vestidos de boda, restaurantes y otros– obtienen no solo el capital inicial sino también suministros y sus instrumentos de trabajo, de sus relaciones con miembros de la diáspora. Otro tanto sucede con los que alquilan habitaciones en Cuba y se benefician del marketing que hacen sus amigos en el exterior sobre sus ofertas de alojamiento mediante el Internet.76
Capital social
Entendemos por capital social la capacidad de los miembros de la comunidad cubanoamericana para acceder a recursos adicionales a aquellos de los que disponen de manera directa en virtud de su inserción en redes sociales más amplias. El mundo de relaciones humanas, profesionales y empresariales de los migrantes constituye a veces el capital decisivo con el cual logran asentarse exitosamente o prosperar más tarde en los países de acogida. De igual modo, los trabajadores por cuenta propia en Cuba, relacionados con miembros de la diáspora dispuestos a ayudarles, también cuentan con capital social. En el caso de la comunidad cubanoamericana –que no es la única de la diáspora que dispone de capital social– esas redes llegan mucho más allá de su enclave original y les han permitido a sus miembros una inserción favorable en el mundo financiero, empresarial, profesional y político en Estados Unidos y otros países.
Las primeras olas migratorias de cubanos portaban ya un capital social construido en la época prerrevolucionaria de la Isla. Muchas personas antes de salir de Cuba habían trabajado en empresas cubanas o extranjeras con un entramado internacional de relaciones. Si bien la mayoría había perdido todo su capital económico cuando el gobierno que ascendió al poder en 1959 se lo expropió, esas personas emigraban llevándose consigo los contactos internacionales con individuos e instituciones influyentes. Literalmente, si su capital económico les había sido confiscado en Cuba, su capital social era transportado en una libreta telefónica.
Al inicio, ese capital social fue puesto en función de encontrar nuevas fuentes de ingreso y préstamos para iniciar negocios en el país de acogida.77 En el caso de Miami, las redes sociales de los cubanos sirvieron luego para proyectar con éxito la ciudad hacia el resto de las Américas y de algunos países de Europa, transformando a Miami en el centro transnacional de turismo, finanzas y comercio que es hoy. Si bien los primeros emigrados contaban con un capital social transnacional considerable, los que arribaron con posterioridad tenían su propio capital social. En su caso, podían contar con los cubanoamericanos ya establecidos exitosamente, quienes por lo general se convertían en fuentes de empleo, información y asesoría sobre las opciones para asentarse de forma exitosa en el país de acogida.
Capital humano
Describimos como capital humano el cúmulo de conocimientos, habilidades y experiencias que permiten desarrollar una labor productiva y crear valor económico. Al igual que sucede con el capital social, este tipo de riqueza no puede ser confiscada y quienes la poseen la transportan consigo. La hábil combinación de capital humano y capital social –ambos portátiles– le permite a un emigrado que haya perdido todo su capital económico en el país de origen, volverse a radicar exitosamente y prosperar en el país de acogida.
Como se ha dicho antes, las emigraciones cubanas a Estados Unidos desde 1959 han mostrado niveles de educación superiores a los de otros grupos migratorios y frecuentemente han logrado trasmitir esos niveles a sus hijos en los países de acogida. Al inicio fue un éxodo principalmente de sectores de clase alta y media, portador de significativas habilidades y de educación formal. Sin embargo, las oleadas posteriores mostraron también altos índices de escolaridad y formación profesional, como resultado de los planes masivos de enseñanza que el proceso revolucionario de 1959 puso en marcha.
Capital simbólico
El sociólogo francés Pierre Bourdieu incorporó los conceptos de capital cultural y poder simbólico a las ciencias sociales.78 En su caso intentaba develar aquella modalidad de poder vinculada al control sobre los medios de producción cultural e información que facilita a sus poseedores la posibilidad de incidir sobre la formación de consensos sociales.
En nuestro análisis sobre los recursos de la diáspora cubana, sin embargo, nos servimos libremente del término capital simbólico para describir la capacidad de un grupo social –en este caso la comunidad cubanoamericana– de acceder a recursos públicos y privados controlados por otros grupos sociales que los ceden en su favor a partir de objetivos y valores compartidos. El capital simbólico de la diáspora cubana se construyó en la primera década del proceso revolucionario cubano, cuando fue acogida favorablemente por grupos influyentes en Estados Unidos que veían en ella ciertos atributos que valoraban altamente, como el patriotismo y el anticomunismo. Además, los recién llegados estaban dispuestos a contribuir, pagando incluso el precio de sacrificios y riesgos personales, al logro de propósitos que compartían con el gobierno estadounidense en el contexto de la Guerra Fría. Si bien otras diásporas compartían algunos de esos atributos, ninguna como la cubana se acercaba tanto a la cultura de los estadounidenses de fines de la década del cincuenta.
El tipo de capital simbólico del que eran inicialmente portadores los recién llegados, sirvió para la construcción gradual de relaciones personales con individuos en posiciones importantes en el país de acogida. De ese modo, lo que en un principio pudiera considerarse como capital simbólico, según nuestro uso del término, fue transformándose paulatinamente en capital social para los cubanoamericanos, sobre todo para aquellos que servían de contacto directo entre la comunidad emigrada y sectores influyentes de la política y la economía de Estados Unidos.
A partir de 1959 y durante más de tres décadas, los que salieron de Cuba fueron recibidos en Estados Unidos como refugiados políticos y no como una masa de migrantes corrientes. No lo eran. Ese flujo migratorio de personas educadas fue visto con especial simpatía por el gobierno de Estados Unidos, aunque también por amplios sectores de la población estadounidense. La disposición de algunos exiliados a integrarse voluntariamente a acciones riesgosas auspiciadas por Washington contra el gobierno de La Habana o a involucrarse en el combate contra el comunismo en otros países y regiones –incluyendo la Guerra de Vietnam– le otorgó a la comunidad cubanoamericana un status simbólico especial con relación a los demás grupos de migrantes económicos.
Tanto las redes sociales liberales, como las conservadoras de empresarios y políticos estadounidenses, se mostraron proclives, sobre todo al inicio, a brindar diversas formas de apoyo a los grupos organizados de la comunidad cubanoamericana. De ese modo, poco a poco obtuvo ventajas legislativas y recursos superiores a los de otras comunidades, como resultado de gestiones en las que resultaba clave el capital simbólico de una comunidad que compartía valores y objetivos importantes con el país receptor.79
Sin embargo, al arrancar el nuevo milenio, los cambios en la composición demográfica de la comunidad, sus crecientes lazos con el país de origen –incluidas las visitas familiares que a veces se realizan poco después de arribar a Estados Unidos– y los recortes de recursos disponibles en este país, impuestos por una economía nacional en crecientes dificultades, han desdibujado el perfil simbólico del exilio inicial.
Posible apoyo de la diáspora al sector no estatal
No es propósito de este documento adentrarse en la situación económica de la Cuba actual, ni abogar por una economía “capitalista” o “socialista” tal y como han quedado binariamente ideologizados no pocos debates sobre el tema. Respecto a esa discusión nos atenemos a apuntar que en el mundo de hoy las sociedades exhiben una gran variedad de regímenes de gobernanza económica, con múltiples combinaciones de mecanismos de mercado y formas de participación estatal. Lo que está probado en todas partes, incluidas las economías más desarrolladas, es que el sector de pequeñas y medianas empresas es el que más empleo genera, además de ser un mecanismo que ha ayudado a millones de personas en todo el mundo a salir de la pobreza. En nuestro caso, pretendemos identificar en este documento aquellos factores que el sector no estatal emergente necesita para consolidarse y generar empleo en Cuba. Con ese fin, evaluamos la posibilidad de que los variados recursos en manos de la diáspora puedan contribuir a garantizar ese resultado.
La diáspora cubana, asentada en diversas regiones, pero particularmente en Estados Unidos, podría contribuir de manera sensible a dar respuesta a las demandas del sector emprendedor emergente. Como se ha apuntado antes, ya responde a esas necesidades –de forma todavía limitada, pero significativa– mediante transacciones propias de una economía de frontera sumergida en ambos lados del Estrecho de la Florida.
Por una parte, un sector de la diáspora motivado a involucrarse con el sector privado en Cuba, podría tomar iniciativas haciendo uso de las diferentes formas de capital que posee. Por otro lado, para “formalizar” la economía de frontera sumergida en el Estrecho de la Florida, a fin de incentivarla y expandirla, los gobiernos de Estados Unidos y Cuba tendrían que cambiar aquellos aspectos de sus leyes que les impiden a los migrantes cubanos hacer inversiones o tener propiedades en su país de origen.
Capital de riesgo y/o inversiones mixtas
en pequeñas y medianas empresas
Hasta el presente, los cubanos en el exterior envían remesas y paquetes a Cuba; además, pagan cuentas de celulares a sus familiares en la Isla, realizan viajes de visita con otros regalos y les compran productos diversos en tiendas dolarizadas locales y mediante el Internet. Un estimado realizado por un exfuncionario de la empresa cubana CIMEX, especializado en estudios de mercado, asegura que el valor total de esos aportes ha llegado a los 3 mil millones de dólares.80 Sin embargo, dadas las limitaciones sobre el sector privado y las que existen para que los emigrados puedan realizar inversiones en su país de origen, esos recursos han sido destinados al consumo y en pocas ocasiones han sido capitalizados en negocios locales.
Ahora la ventana se ha entreabierto: los cubanos que viven en la Isla pueden emprender algunos oficios especificados en un listado de 178 ocupaciones, hasta el momento. Sin embargo, apenas se trata de actividades propias de una economía de subsistencia y se mantienen también las prohibiciones para aquellos que “salieron definitivamente” del país, sobre las inversiones en el sector no estatal, bien sea de manera mixta (a través de familiares o amigos) o directa. El levantamiento de esas restricciones internas y externas tendría sentido económico y político. Por un lado, el Estado cubano debería definir qué campos de actividad económica estratégica desea preservar y permitir que todo lo demás sea realizado por iniciativa del sector no estatal. Por otra parte, el gobierno debería actualizar también su política respecto a la diáspora cubana.
Esas redefiniciones incentivarían un volumen mucho mayor de remesas, a fin de que los receptores puedan capitalizar parte de ellas y estén en condiciones de sostener su actual nivel de consumo basado en esos envíos. Manuel Orozco ha estimado que unos 100 000 nuevos negocios requerirían un promedio de $3 000 en micro créditos individuales para poder establecerse, por lo que calcula que el país requiere una inyección de unos $300 millones para satisfacer esa demanda.81 Esa cifra es cercana a la tercera parte de lo que ya familiares y amigos en el exterior envían a Cuba.
De incentivarse el envío de remesas de modo que permita su capitalización, y de reconocerse la inversión directa de la diáspora en negocios en la Isla, se podrían multiplicar rápidamente la frecuencia y cuantía de los envíos, lo cual representaría una inyección inmediata de cientos de millones de dólares al sector no estatal emergente. Si consideramos ese potencial y los $900 millones que se estima han sido ya ahorrados por los receptores de remesas, el sector privado tiene la posibilidad de asegurar suficiente liquidez para invertir en sus negocios iniciales sin necesidad de depender para ello del Estado cubano.
Las remesas enviadas con el claro objetivo de ser capitalizadas y no consumidas, pueden entonces tomar diversas formas. Una de ellas es la de ser concedidas como capital a riesgo, confiado a familiares o amigos que desean emprender un negocio y buscan un “ángel inversionista” de la diáspora. También podrían configurar un emprendimiento mixto con conocidos o familiares que residen en Cuba, algo que ocurre hoy día, pero que no puede declararse de forma abierta por las leyes cubanas que impiden la inversión de la diáspora en su país de origen.
En ambos casos, la modificación de las leyes cubanas, de modo que permitan esas y otras posibilidades, representaría un importante incentivo económico para personas que, además de querer ayudar a conocidos y familiares, también se motivan ante la posibilidad de iniciar un negocio conjunto en su país de origen, con réditos adicionales a sus ingresos regulares en el país de acogida, en este caso, Estados Unidos. Otra consideración importante es la de ayudar con una suma importante de dinero de una sola vez a sus familiares, para que puedan autosostenerse en lo adelante con un negocio propio. El familiar en la diáspora apostaría así a liberarse de la carga financiera constante que supone sostener el consumo de sus familiares en la Isla, además del de su propia familia en el país de residencia, sobre todo en tiempos de dificultades económicas.
Atracción de capital financiero mediante el uso
del capital simbólico y social
Un cambio en las leyes cubanas que norman la exclusión de la diáspora enviaría un mensaje claro al exterior –que no pasaría inadvertido por gobiernos, organizaciones multilaterales y fundaciones privadas– de que La Habana abre finalmente la puerta a un proceso de normalización de relaciones con los cubanos que radican fuera de la Isla. Por su parte, la voluntad de la diáspora de asumir una relación estable con el sector privado en Cuba le daría a su capital simbólico un nuevo significado, en este caso, constructivo. Si en el pasado, para atraer recursos y obtener legislaciones beneficiosas, su capital simbólico estuvo basado en la confrontación con el Estado cubano, ahora adquiriría nueva significación bajo la imagen de una comunidad que se compromete a aportar recursos para el desarrollo del sector privado, y para beneficio directo de la población, sin que por ello tenga que claudicar o alterar sus creencias sobre el sistema político en Cuba. Ese capital simbólico renovado facilitaría la gestión de recursos de agencias internacionales de desarrollo, gobiernos e instituciones financieras internacionales, en beneficio del sector privado en Cuba.
La participación de la diáspora en la economía nacional también enviaría una señal a los grandes capitales corporativos extradiaspóricos de que la actitud hacia el sector privado está cambiando en Cuba. Si bien el capital en manos de la diáspora no puede equipararse al de, por ejemplo, una empresa global sueca como Ikea, esas corporaciones probablemente considerarían involucrarse en negocios con Cuba en el futuro, cuando los resultados de la experiencia inversionista de la diáspora sean positivos. Tal fue el caso de China con los capitales inversionistas de los llamados chinos de ultramar.82
Otro aspecto con precedentes en otras diásporas es la formación de fondos de capital de inversión, a los que se les suman los recursos gestionados con agencias de desarrollo y fundaciones filantrópicas.83 Esos fondos de inversión pueden también tomar el formato de fondos mutuos. Los recursos son manejados por estas instituciones de manera profesional –como cualquier portafolio inversionista privado– y pueden canalizarse para apoyar el desarrollo de diversas empresas en el país de origen. La diáspora cubana podría estudiar esas experiencias y adaptarlas como apoyo al sector privado en Cuba.
Acceso a mercados externos, marketing
y outsourcing
Esto ya ocurre en un formato de economía sumergida e informal de frontera entre la Isla y la Florida. Cuando los miembros de la diáspora compran y envían insumos para los negocios de sus familiares en Cuba, o promueven en Internet el alquiler de casas en la Isla para turistas extranjeros, están cumpliendo funciones de comercio y mercadeo. La interrogante es si Cuba y Estados Unidos están preparados políticamente para admitir, legalizar y potenciar lo que ya existe de facto económicamente.
Uno de los renglones de actividad transnacional, que involucra a las diásporas con personas de su país de origen, es la formación de asociaciones y cooperativas en las que los miembros de la diáspora desarrollan una parte del proceso económico (importación, distribución y mercadeo) en los países de acogida, mientras que los productores elaboran y exportan desde el país de origen. Por lo general, el mercado de esos productos está conformado por la propia diáspora, aunque algunos tienen luego una recepción exitosa en el mercado del país receptor.
Otra área en la que las diásporas suelen tomar iniciativas empresariales, en asociación con personas de su país de origen, es el llamado outsourcing (la compra de productos manufacturados en una empresa extranjera para economizar costes). Mediante el Internet y las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, algunas personas de la diáspora crean empresas conjuntamente con otras de sus países de origen, con la finalidad de ofrecer servicios de diverso tipo aprovechando la competitividad que supone su oferta a precios muy inferiores a los que cobraría un trabajador o profesional del país desarrollado.
Desde profesionales calificados, como los diseñadores, arquitectos, tutores de tesis y traductores, hasta trabajadores que se ofertan para hacer servicios de telemercadeo, el outsourcing es una ventana que se ha abierto a los países en desarrollo, con salarios más bajos que los países donde se contratan esos servicios. Esta situación, sin embargo, no ha dejado de crear tensiones con fuerzas proteccionistas del mercado laboral, como los sindicatos en países más desarrollados económicamente, que temen ver desplazada la mano de obra local por la barata que ofertan los países en vías de desarrollo. Esa sería una consideración a tener en cuenta de optarse por esa posibilidad.
Sin embargo, si se materializa el despido de entre el 10% y el 38% de la fuerza laboral empleada en empresas e instituciones estatales en Cuba, se provocaría el desempleo de muchos profesionales y expertos calificados, en cuyo caso la posibilidad de que personas de la diáspora pudieran organizar empresas para promover servicios de outsourcing sería lógica y atractiva. Pudiera proveer empleos a esos profesionales y desalentaría su emigración de no encontrar otras fuentes de empleo en la Isla. Esa posibilidad –como todo el tema del potencial de la diáspora en el desarrollo nacional– supone ciertas condiciones legales y técnicas relacionadas con el acceso a Internet y buenos sistemas de telefonía.
Aportes de herramientas, insumos y tecnologías
Los miembros de la diáspora cubana localizados en diversas partes del mundo, en particular en el sur de la Florida, han suministrado a familiares y amigos diversas herramientas, insumos y tecnologías (de computación y telefonía celular) para emprender o desarrollar negocios en la Isla. Esta “exportación” de bienes ya existe, pero como parte de una economía de frontera informal y sumergida, por lo que la escala de esas transacciones es aún muy reducida, si bien ha resultado decisiva para consolidar los emprendimientos de los “importadores” o receptores en Cuba. La pregunta en este caso es si sería factible que las legislaciones estadounidense y cubana reconocieran ese comercio y lo sacaran a la superficie, lo cual permitiría un importante salto en su volumen.
Uno de los cuellos de botella para el desarrollo del trabajo por cuenta propia y de las pequeñas y medianas empresas en Cuba, es la ausencia de un mercado mayorista que suministre a los emprendedores cubanos herramientas, insumos y tecnologías apropiadas.84 La diáspora con sus contrapartes del sector no estatal podría organizar ese comercio mayorista, si el gobierno cubano admitiera que con ello se daría solución relativamente rápida a esta importante traba al crecimiento del sector, y si el gobierno de Estados Unidos considerara que el sector no estatal cubano debe ser excluido de las sanciones del embargo al haberse retirado el Estado de esa zona de actividad económica.85
Asesoría y adiestramiento
Hasta hace pocos años, un tema recurrente en la bibliografía sobre migraciones era el del llamado drenaje de cerebros por parte de las economías desarrolladas. La emigración de personas calificadas, que deseaban completar su formación profesional o buscar otras experiencias laborales, era considerada un juego de suma cero entre países más desarrollados y países en vía de desarrollo, los cuales aparecían como “perdedores” en esta ecuación.
Sin embargo, las investigaciones más recientes han llamado la atención sobre el hecho de que, si se impulsan patrones migratorios circulares y se incentiva y organiza el traspaso de experiencias y conocimientos de los miembros de la diáspora a los profesionales de su país de origen, el supuesto drenaje puede terminar resultando una ganancia y el juego de suma cero se pudiera transformar en otro en el que todos salen ganando (win-win). Por otro lado, los miembros de las diásporas son más proclives a brindar su talento profesional a compatriotas de forma filantrópica o mediante el cobro de honorarios simbólicos, mientras que los consultores y expertos extranjeros, de igual o incluso menor experiencia, exigen mucho más por sus servicios.
La incorporación de criterios de mercado en el funcionamiento de la economía nacional y la apertura de un sector privado dentro de ella suponen la existencia de diversos conocimientos y experiencias que no han estado al alcance de quienes gestionaban una economía estatizada o de los que nunca han sido emprendedores privados. No solo los futuros trabajadores por cuenta propia y propietarios de pequeños negocios requieren saber lo básico sobre cómo se analiza un mercado potencial y se encuentra un nicho competitivo, sino que los funcionarios estatales que han de relacionarse con el sector también necesitarán de capacitación.86
La diáspora cubana históricamente ha tenido una considerable cantidad de profesionales destacados. Entre ellos no faltarían los dispuestos a traspasar sus experiencias si el país les diera un vuelco a las políticas migratorias y aceptara en pie de igualdad y con respeto a sus emigrados, sea cual fuere la causa que originó su desplazamiento o sus actuales creencias y preferencias.
Desde hace más de tres décadas existen múltiples experiencias e iniciativas mediante las cuales se procura motivar a los profesionales de las diásporas para que ayuden con sus conocimientos al desarrollo de sus respectivos países de origen. Quizás el proyecto más antiguo sea el que desde 1977 impulsa el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre la transferencia de conocimientos a través de nacionales expatriados, que se conoce por las siglas TOKTEN.87 Entre los rasgos del proyecto se destacan los siguientes:
• Mantener una base de datos actualizada de potenciales voluntarios de la diáspora dispuestos a cooperar con el programa.
• Establecer los requerimientos de edad, excelencia, experiencia y voluntariedad de necesario cumplimiento para ser seleccionado por el programa.
• Identificar y priorizar las necesidades del país para poder definir las mejores modalidades de los proyectos de asesoría de forma casuística.
• Asegurar los recursos requeridos para apoyar estas consultorías voluntarias (pasajes, alojamientos y remuneraciones por debajo de las que cobran los consultores internacionales –entre el 50% y hasta el 75%).
• Garantizar que los consultores trabajen en el país de origen por períodos de tiempo limitado (días, semanas o meses), sin esperar que retornen a ellos de manera definitiva.
En un contexto de normalización de relaciones del Estado cubano con su diáspora podría pensarse en proyectos similares financiados con recursos de la cooperación internacional al desarrollo y privados (incluidos los de la propia diáspora).
Obstáculos y dificultades
Si bien existe un significativo potencial de variados recursos en manos de la diáspora cubana, que podrían ponerse al servicio del sector privado emergente y del desarrollo del país, es necesario vencer considerables obstáculos legales y subjetivos para materializar ese conjunto de posibilidades. En el caso específico de la diáspora cubana hay siempre un sector considerable de personas renuentes a adoptar iniciativas que puedan ayudar de manera indirecta a un sistema de gobierno que rechazan. Es igualmente evidente que en Cuba también un sector en el gobierno ve con recelo la posibilidad de abrir la economía a los miembros de la diáspora, porque supone que ello le permitiría su rápida instalación como un actor influyente en la vida nacional. Si esas fuesen las únicas dos interpretaciones posibles ante este tema, estaríamos ante otro juego de suma cero, donde para que uno gane tiene que perder el otro, de manera completa y definitiva además.
Sin embargo, un tercer sector de opinión ha crecido considerablemente desde la década del noventa, tanto en Cuba como en la diáspora, que no cree necesario esperar a ver qué camino toma finalmente el sistema político cubano para trabajar de diversas formas con sus conciudadanos. Esas personas en la diáspora creen que es posible apoyar a familiares y amigos del sector privado emergente en la Isla, incluso si el régimen político se mantiene por ahora estático. No por ello menosprecian el valor de los derechos políticos y civiles, o son defensores del modelo autocrático chino de capitalismo, sino que están urgidos por las apremiantes circunstancias de sus seres queridos que demandan respuestas no dilatadas y buscan mayor prosperidad.
El que compra en Miami tintes y tijeras para enviar a su hermana en Cuba, que trabaja como peluquera por cuenta propia, no desea que su acción sea juzgada u obstaculizada desde un esquema político que le exigiría abandonarla a su suerte para ver si así se acelera una transición en la Isla. Tampoco la anciana que vende café en el portal de su casa habanera y pudo instalar el negocio ahorrando las escasas remesas que le enviaba un hijo balsero que trabaja de lavaplatos en una cafetería de Hialeah, quiere que una sobrecarga fiscal le impida sostenerse por sí sola, porque trata de no ser un lastre para su hijo.
Esas personas, que constituyen casos reales conocidos por los autores de este informe, tienen que dar respuesta aquí y ahora a problemas humanos muy concretos y consideran que no pueden esperar por soluciones nacionales que después de medio siglo pueden seguir demorándose. Ante todo, están reivindicando su derecho a comenzar a labrarse un destino con esfuerzo propio y no ven legitimidad en los argumentos de quienes les recomiendan posponer sus proyectos. Si existe una fuerza social comprometida con cambios aquí y ahora es la compuesta por esa masa crítica de cubanos de la diáspora y radicados en Cuba que desean comenzar a practicar la libertad económica –y se esfuerzan por expandirla– sin más dilaciones.
Sin embargo, las posiciones de mayor o menor intransigencia o flexibilidad de la que hoy son portadores diferentes sectores en Cuba y la diáspora no son estáticas. Unas y otras están abiertas todavía a las influencias de cambiantes circunstancias y pueden desplazarse con relativa facilidad hacia el polo opuesto, según marchen los acontecimientos en Cuba. Esa fluidez es aún mayor, porque no existe hasta el presente una normalización de las relaciones entre el Estado cubano y la diáspora.
La apertura de un sector privado en Cuba sugiere la posibilidad de que la diáspora pueda apoyarlo y comprometerse en sacarlo adelante. Pero ello requerirá de un cambio de mentalidad y de la legislación migratoria vigente en Cuba desde la década del sesenta. Ambos factores constituyen los dos grupos principales de obstáculos en el camino hacia la normalización de relaciones con la diáspora y la reconciliación nacional a la que es legítimo y posible aspirar.
Además de las cuestiones que deben ser resueltas en Cuba para asegurar la posibilidad de que el sector no estatal pueda consolidarse (alivio o moratoria fiscal, seguridades legales a los emprendedores, así como otras que han sido antes señaladas por algunos de nosotros y por economistas de la Isla), otro conjunto de desafíos debe ser superado si se desea que la diáspora pueda contribuir al desarrollo de dicho sector. Entre ellos se encuentran los siguientes.
Marco normativo:
actualización de la legislación migratoria
La llamada actualización del modelo económico requiere de una actualización paralela de la legislación migratoria, que facilite el acceso a algunos de los capitales, mercados, tecnologías y conocimientos que requieren las nuevas medidas económicas y que posee la diáspora. La actual legislación promueve la emigración unidireccional permanente y obstruye el transnacionalismo de la diáspora con la Isla.
Una de las razones por las cuales las personas se desplazan y radican en otro lugar es que no ven perspectivas de futuro en su país, sea por causas económicas o políticas. Pero esa pérdida de recursos demográficos, económicos y de capital humano y social puede agravarse y hacerse irreversible en virtud de la legislación migratoria del país emisor. Existe una diferencia crucial entre una legislación que alienta la emigración permanente y otra que estimula un patrón migratorio circular o que, por lo menos, permite una relación fluida y flexible entre la diáspora y su país de origen.
Cuando una persona emigra con el propósito de establecerse de forma permanente fuera de su país de origen, se siente estimulada a hacer un mayor esfuerzo por triunfar en el país de acogida, para poder trasladar también a sus familiares, en vez de limitarse a enviarles remesas. El migrante permanente lleva consigo su capital económico (tras liquidar sus propiedades para invertir ese dinero en su asentamiento en el país receptor), humano y social. En cambio, el migrante temporal por lo general no priva al país de origen de esos recursos, sino que los expande con los adquiridos en el exterior, y retorna con ellos para reinvertirlos en su nación.88
Si bien es difícil establecer diferencias tajantes entre las dos categorías debido a la fluidez de sus propósitos y situación, pueden distinguirse ciertas peculiaridades de los migrantes permanentes y los temporales. El objetivo general del migrante permanente es triunfar y quedarse en el exterior; el del migrante temporal es adquirir recursos suficientes para retornar, invertirlos y triunfar en su país de origen. El migrante permanente lleva consigo diversas formas de capital que pueden no retornar al país de origen y tiende más a traspasarlo a otros familiares una vez que se ha asentado, por lo que el país de origen pierde población y recursos humanos si alienta este patrón migratorio. El migrante temporal tiene como objetivo adquirir recursos adicionales a los que ya tenía, que luego lleva a su país de origen y no busca trasladar al exterior a familiares adicionales, por lo que el país de origen gana nuevos recursos con la migración circular.
De lo anterior se desprende que las legislaciones que favorecen los patrones circulares de migración sobre los permanentes, resultan más beneficiosas a los intereses nacionales que las que hacen lo inverso. Pero también hay una diferencia sustantiva entre una legislación que alienta el transnacionalismo de su diáspora y otra que lo inhibe. Por transnacionalismo entendemos un patrón de conducta en el que una diáspora se esfuerza por asegurar un flujo constante de gente, bienes e información con el país de origen.89 Los gobiernos tienen la opción de considerar que la población radicada fuera del territorio nacional es una “pérdida” de la que ya no han de ocuparse, o pueden entender que es una parte de la nación a la que deben alentar y facilitar un flujo intenso y variado de relaciones con su país de origen.
Según señalamos anteriormente, gobiernos en diversas regiones del mundo han creado oficinas, adscritas generalmente a los ministerios de relaciones exteriores, para atender las necesidades de sus respectivas diásporas en los países de acogida y alentarlas a sostener una relación constante y diversa con su país de origen. Esta política tiene su base en el reconocimiento del caudal de recursos financieros, humanos y de relaciones sociales de la diáspora, y de que esos emigrantes, aun después de consolidar su presencia en los países de acogida, no siempre abandonan sus relaciones con el país emisor. Una buena parte de esas personas viaja constantemente a sus respectivos países de origen y desarrolla un complejo tejido de relaciones empresariales, culturales y científicas con ellos.
Como han advertido varios especialistas en estos temas,90 si ese tráfico llega a alcanzar suficiente intensidad y volumen tiene el potencial de transformar de facto lo que hasta entonces era esencialmente una emigración unidireccional y permanente en una variante de emigración circular, bajo la cual resultaría factible rescatar por esa vía –ahora enriquecidos– los recursos que se perdían antes en el país emisor con las migraciones previas. Ese es el objetivo que hoy procuran los gobiernos de China y México con sus respectivas diásporas, así como otros que les siguen los pasos.
Por último, en un futuro inmediato el envejecimiento de la población en Cuba (el más acelerado de América Latina, después de Uruguay y Puerto Rico) quizás obligue a atraer inmigrantes de otras nacionalidades –como ocurrió a lo largo de la era republicana–, tanto para algunas ocupaciones profesionales como para ciertos trabajos básicos. Una actualización de la política migratoria podría desde ahora conformar una visión estratégica para enfrentar ese desafío futuro.
El posible apoyo y la eventual integración de miembros de la diáspora al sector no estatal emergente, como socios o inversionistas, suponen cambios en la legislación cubana, pero también –para los cubanoamericanos– de la legislación estadounidense. Los miembros de la diáspora, antes de comprometer recursos sustantivos en relación con el sector emergente, van probablemente a considerar varios factores:
a) ¿Qué nivel de seguridad legal y constitucional tiene el nuevo sector privado frente a eventuales giros de la política estatal como los que ocurrieron anteriormente?
b) ¿Qué oportunidades prometedoras le presenta el mercado cubano a una inserción desde el sector no estatal?
c) ¿Qué nuevas leyes y artículos constitucionales avalan el derecho de los migrantes cubanos a participar en pie de igualdad dentro de ese sector emergente?
d) En el caso de los cubanoamericanos, ¿qué rein-terpretación o flexibilización de la Ley Helms-Burton podría permitirle a la diáspora integrarse a los negocios del sector no estatal en Cuba?
Contexto subjetivo
Como se ha señalado en este informe, desde 1960 y hasta fechas recientes, los flujos migratorios cubanos hacia el exterior estuvieron marcados por procesos de desgarramiento emotivo, desarraigo, estigmatización, hostilidad, acosos y agresión física contra individuos e incluso contra algunas embarcaciones de emigrantes indocumentados que deseaban llegar a Estados Unidos o a otro país cercano a Cuba, lo cual provocó en más de una ocasión la pérdida de vidas humanas. A lo largo de estos años, miles de personas en la Isla y la diáspora han perdido familiares y amigos en el mar cuando intentaban emigrar, evadiendo no solo el permiso de salida, sino todo el contexto traumático de situaciones previas a la partida. Una parte considerable de esas salidas irregulares está vinculada al interés del potencial migrante de desplazarse a Estados Unidos cuando no ha obtenido la visa de ese país.
La Ley de Ajuste Cubano –concebida para otros fines– ha supuesto también un incentivo a la migración de personas carentes de la visa estadounidense, porque facilita el proceso de asentamiento legal en el principal país de acogida de esos flujos migratorios, y tendrá que ser estudiada para adaptarla a la actual situación migratoria cubana y a la economía de Estados Unidos y del estado de la Florida. Pero, del lado cubano aún se mantienen elementos legales (necesidad de un permiso estatal, despido laboral, confiscación de propiedades, exclusión del derecho de retorno) y subjetivos (la constante retórica oficial de que los que desean emigrar quieren abandonar su patria porque no quieren compartir los sacrificios del pueblo) que continúan marcando negativamente la psiquis de los que han arribado a la diáspora en fechas más recientes. Una actualización de la política migratoria supone, además de la supresión de las circunstancias y medidas anteriormente citadas, un conjunto de iniciativas dirigidas a transformar la anterior mentalidad antiemigrante en Cuba, de modo que envíe una señal clara a la diáspora de que es bienvenida a incorporarse al desarrollo del país, sin ningún tipo de menosprecio o discriminación.
Conclusiones y recomendaciones
La Comisión ha procurado hacer una contribución intelectual a una posible modernización de la legislación y la política migratorias cubanas con efectos positivos en las relaciones de la diáspora con su país de origen. Los miembros de la Comisión consideran que de ese modo aportan a los intereses de las familias cubanas en ambas márgenes del Estrecho de la Florida.
Las consideraciones de la Comisión, sin embargo, no están circunscritas al presente. Se formulan desde la perspectiva del potencial que podría tener la diáspora cubana en el desarrollo nacional. Las recomendaciones que respetuosamente se presentan para su implementación al corto plazo, han sido pensadas con vista a sentar los cimientos de un proceso de más largo aliento.
Este no es un informe sobre las medidas económicas que está adoptando el gobierno cubano. La Comisión considera que estas medidas son parte de un proceso inconcluso y están abiertas a cambios adicionales que pudieran adoptarse más adelante. Por ese motivo nuestras recomendaciones no están dirigidas a “analizar”, “apoyar” o “criticar” esas disposiciones en Cuba, sino que se enmarcan en la conexión entre sus posibilidades de éxito y la introducción de cambios en la política hacia la diáspora.




