En medio de las graves situaciones que nos afectan en la salud, la economía y, por ende, a la población casi toda, uno de los debates que hoy recorre el país se refiere al nuevo Código de las Familias. El material regirá desde sus postulados una buena parte de la vida doméstica y colectiva de la familia y de la sociedad cubana en general. La legalidad, las religiones, la educación, algunos hábitos de vida, sean correctos e incorrectos, pero muy acendrados en nuestras tradiciones y modos de comportarnos, serán atravesados, fortalecidos o hasta subvertidos por algunas de las nuevas disposiciones que trae el nuevo Código. Incluso, puede que sus reglas hasta logren crear hábitos nuevos.
Aunque otras urgencias ocupan hoy el centro de los pensamientos, y los actos, diarios de la mayoría de los hogares nacionales (las colas, las carencias, el transporte fantasma, los sueldos insuficientes, las idas, más la pandemia y el bloqueo), el asunto requiere análisis y variedad de saberes y criterios. Justo es por ello que Palabra Nueva ha intentado ensanchar sus horizontes temáticos y acercarse a diversos puntos de vista para tratar este fenómeno. No huelga decir que, a pesar de la insistencia de nuestros periodistas, hubo algunos especialistas que se negaron a ser entrevistados sin echar al menos un vistazo a nuestro cuestionario. Otros, y otras, ni siquiera contestaron con una negativa nuestros pedidos y dejaron la callada por respuesta. Esperemos que luego de publicar este número, ya que perdieron la oportunidad de tener voz y voto en este análisis, no se alcen sus voces airadas para oponerse o denigrar los argumentos que ahora presentamos en nuestras páginas.
Así pues, estos son los caminos que recorre el análisis de tan complejo acuerdo, que incidirá sobre disímiles aspectos de nuestro devenir más próximo. Esperemos que estas reflexiones, serias, serenas, desde plurales miradas, sirvan para traer más claridad a las decisiones por tomar. Sobre todo, ojalá que contribuyan, al menos en un mínimo grano de arena y de razón, a mejorar un poco la vida de nuestro ahora mismo muy sufrido pueblo. Para ello contamos con las opiniones del MSc. Mario A. Rivero Errico, abogado, especialista en derecho civil y profesor de Teoría del Estado y Constituciones Comparadas, y de Yasmay Ibaldo Pérez Marañón, abogado, Máster en Bioética y secretario del Instituto de Estudios Eclesiásticos Padre Félix Varela.
¿Cómo ubica usted a la familia cubana en el actual contexto político, social y económico respecto a otros momentos?
Mario A. Rivero Errico (M.R.): “La familia es una célula básica en cualquier sociedad y la cubana no constituye excepción a dicha regla. Ubicada en lo que podemos llamar el nivel horizontal de la relacionalidad social, la familia se proyecta hacia su interior, pero también hacia el exterior común, o sea, hacia el sistema de relaciones múltiples que conforman el tejido social. En su seno recibimos las primeras enseñanzas y aprehendemos los primeros (grandes) valores que han de marcar nuestras vidas. Sucede, sin embargo, que la familia cubana es cada vez menos “familia” porque ha sufrido un proceso erosivo durante seis décadas, que en las últimas tres ha sumado en intensidad. Las grandes prioridades sobrevenidas con la implantación del proyecto político emprendido a partir del año 1959 impactaron con fuerza sobre la familia cubana, separada de manera artificial en dos sentidos: dentro del país se sucedieron movilizaciones (productivas, militares, educativas), muchas de las cuales pudieron haber tenido, e incluso logrado, fines altruistas, pero dañaron las estructuras familiares al alejar a sus miembros y esos alejamientos, en no pocos casos, se tornaron irreversibles. En lo externo, el golpe resultó mucho más fuerte, al quedar divididas las familias en torno a lo que se ha convertido en el gran dilema del cubano: irse o quedarse.
”Muy pocas familias no vivieron esa disparidad en cuanto a opción política que llevó a algunos de sus miembros a emigrar en tanto otros, plenamente identificados con las ideas de la Revolución, permanecían en el país. Se impuso entonces la tétrica dualidad amigo-enemigo que nos hace recordar al tristemente célebre Karl Schmit, porque para alcanzar la excelencia revolucionaria era requisito sine qua non romper todo tipo de vínculo con familiares emigrados, comprendidos bajo el ominoso calificativo de gusanos por el mero hecho de haber fijado residencia en otro lugar. Mantener esa clase de relaciones era un freno seguro para las aspiraciones que de progreso personal pudiera tener cualquier cubano de entonces. Si bien en la actualidad esa separación fue por fin superada gracias, en gran medida, al papel desempeñado por los parientes emigrados en el sostenimiento de quienes continuaban en la Isla a partir de la debacle económica de la década de 1990, subsiguientes etapas de crisis con sus correlativas oleadas migratorias continuaron fragmentando a la familia cubana.
”En el ámbito de lo perceptible, encontramos que al día de hoy mueren o emigran más de los que nacen, como consecuencia de lo cual la familia se ha reducido; la mesa enorme de mi casa, que no daba abasto para acoger a todos los parientes en domingos o días especiales, hoy nos resulta inmensa: he ahí mi personalísimo botón de muestra. Más allá de lo meramente cuantitativo, Cuba vive una crisis de valores cuya hondura no me atrevo a conjeturar, y ese desmoronamiento lamentable afecta sin discusión a sus familias. El hecho de que la subsistencia suela estar vinculada a disímiles situaciones de ilegalidad, asumidas en principio por los padres en su rol de líderes grupales, subvierte los criterios de valor con que los hijos crecen y se abren a la vida, llevando a que muchos compatriotas de recientes generaciones no vean en la labor honrada el medio para alcanzar las metas que cualquier ser humano se propone. Esa enseñanza —aprendida de la realidad— ha de estar presente cuando les toque constituir familia propia. Y la transmitirán.
”En un contexto donde la riqueza y su antónimo se polarizan cada vez más cambian los paradigmas: la triste experiencia de quienes en lo personal nada han logrado al cabo de una vida de trabajo honrado y entrega a la edificación de un proyecto que cada vez dista más de sus iniciales planteamientos, en contraste con la turgencia de los nuevos ricos, devenidos triunfadores a efectos de la sociedad, puede resultar más convincente que el más sublime discurso. Comoquiera que nadie aspira a militar en el bando de los venidos a menos, nuestros muchachos buscan formas propias de ganarse la vida y logran, en no pocos casos, mayor connotación que sus mayores; así, sin proponérselo dan lugar a un nuevo problema, porque cuando en un grupo, los miembros que deberían ser dependientes alcanzan protagonismo económico saltan las jerarquías y colapsa la autoridad. Hoy aprecio una familia cubana reducida en tamaño, pero dañada también en el orden jerárquico, muchos de cuyos miembros más jóvenes no son portadores de los mismos sentimientos de respeto por sus mayores presentes en generaciones anteriores. Esa autoridad debe ser restañada, porque si no se asume desde la cuna una correcta noción del orden puede ser difícil aceptarla después en nuestra interacción con las instituciones. Lamentablemente, hasta donde alcanzo a observar el proyecto de Código de las Familias marcha en sentido opuesto.
”En lo estrictamente político, la familia fue, en tiempos pasados, el espacio donde recibíamos las primeras enseñanzas relativas a los valores preconizados por el sistema imperante en el país; hoy, en cambio, es el ámbito donde muchos niños perciben las lógicas inconformidades de sus parientes para con la actuación de los poderes públicos. Incluso en aquellas familias donde los integrantes de más edad defienden a ultranza el proceso político, cuya etapa romántica vivieron, es común que sus descendientes piensen de modo completamente diferente y asuman como prioridad abandonar cuanto antes el país, integrándose así a una espiral que socava —más aún— el entramado familiar. Tal actitud, multiplicada exponencialmente, lastra en definitiva la sociedad cubana, pues la debilidad de su célula básica habrá necesariamente de repercutir en todos los ámbitos. El país envejece ante la estampida de su juventud, y la familia, privada de los retoños que deberían multiplicarse, se reduce y agota. El llamado de atención con que san Juan Pablo II pedía a Cuba cuidar de sus familias tiene hoy más vigencia que nunca y —al parecer— menos oídos receptivos que siempre”.
Yasmay Ibaldo Pérez Marañón (Y.P.): “La familia en Cuba vive, actualmente, una situación dramática, lo cual se constata sobre todo en la visible fragmentación presente en los hogares y en sus motivos. Las deterioradas circunstancias en que se sobrevive, la constante amenaza sobre el modo en que cada uno expresa sus decepciones e insatisfacciones sociales, el quebrantamiento de la ética del cuidado y la eventual marginación de los vulnerables son algunos de ellos y tienen como resultado común desdibujar el vínculo familiar.
”La pobreza y la precariedad se hacen notar, aumentan aquellos a quienes se ha preferido llamar ‘deambulantes’, ‘pobres’ al fin y al cabo, ancianos en su mayoría, que intentan, rogando en las calles, llevarse algo a la boca y despertar al día siguiente, como si el ámbito de ‘lo familiar’ para ellos fuera ajeno. Mientras tanto, el cansancio de días completos en largas colas para obtener lo poco o muy poco a lo que se permite acceder, hace que casi desaparezca el tiempo que, efectivamente, pueda dedicarse al cuidado de otros, algo esencial en el ámbito de la familia.
”Aunque es notable un desmesurado esfuerzo en propagandizar opiniones unívocas, favorables y de resiliencia inagotable sobre todo o casi todo lo importante, las familias actuales y las potenciales votan con los pies y con los vientres sobre la situación actual. Los hechos dan cuenta de los pensamientos; baste mencionar el saldo migratorio negativo y las alarmantes cifras de abortos y regulaciones menstruales que sumadas superan a las de nacidos vivos desde hace varios años. Ciertamente no es primera vez que una gran ola migratoria dibuja grises despedidas de quienes, entre frustraciones y necesidades, buscan un mejor futuro, pero es triste, y la tristeza se nota en el espíritu cotidiano de los que permanecen. ¿Hay distancia de otras épocas? Sí, pero cualquier comparación denota el demérito de nuestro tiempo”.
Un tema vital en este marco es el nuevo Código de las Familias. ¿Qué avances y limitaciones observa en este proyecto? ¿En qué puede mejorar o no la vida de la familia cubana?
M.R.: “Pronunciarse de manera responsable respecto a un texto normativo que, entre artículos y otras disposiciones, rebasa los quinientos postulados es tarea bien difícil, especialmente para los operadores jurídicos actuales, enfrentados a la eclosión legislativa vivida a partir del comienzo de este año. Tres nuevas leyes procesales: una penal —tan postergada como necesaria—; otra que abarca las materias civil, de familia, laboral y mercantil; y una administrativa; portadoras todas de cambios trascendentales para el sistema jurídico cubano, demandan atención inmediata limitando las posibilidades de analizar un texto aún pendiente de aprobación. No obstante, es imposible quedar indiferentes ante dicho proyecto, porque familia somos todos, y como tal, destinatarios de sus preceptivas. Visto que sobre lo bueno mucho se ha dicho ya, he de centrar el análisis en lo que como ciudadano y padre me preocupa.
”Mi primera objeción no mira al contenido en sí del nuevo código, sino al aspecto estrictamente procedimental que le precede y habrá de concretarse mediante el referendo establecido por la disposición transitoria decimoprimera de la Constitución. El referendo, como todos sabemos, constituye un mecanismo propio de la llamada democracia directa, pues hace al ciudadano partícipe en los asuntos públicos sin la intermediación de representantes, otorgando un plus de legitimación a la decisión adoptada en tanto es resultado de la opinión emitida por la mayoría de los miembros de la comunidad política. Ahora bien, para que un proceso de toma de decisiones pueda considerarse democrático debe garantizarse el derecho de los votantes potenciales a recibir información confiable de fuentes diferentes, con enfoques distintos, a partir de lo cual conformará el criterio que verterá en las urnas. Ello, lamentablemente, no acontece en cuanto al Código de las Familias, pues la ciudadanía se ha visto inmersa en un turbión informativo que opera en un único sentido: el de la apología. Y no es que considere incorrecta la loa, pero creo que solo cobra verdadero sentido si va acompañada de su contrapartida necesaria: la sana crítica. Los criterios dispares son perfectamente válidos en un proceso que nos convierte a todos en legisladores, las exclusiones no.
”El resultado de cualquier consulta popular es expresión de la opinión pública predominante en la comunidad política respecto a una cuestión específica, pero dicha opinión no surge en las personas por generación espontánea, sino como resultado de su interacción con los flujos de información circulantes en el sistema del cual el individuo forma parte. Cuando los flujos de información operan con sentido de verticalidad descendente, desde la superestructura política hacia las bases sociales, ofreciendo una interpretación única del tema, el proceso será condicionante y la opinión resultante estará condicionada, en franco menoscabo de la calidad democrática. Criticar el proyecto será una actitud tan digna como alabarlo, siempre que quienes actúen en uno u otro sentido lo hagan sinceramente. Pronunciarnos y escuchar a los otros sobre temas que a todos nos conciernen es virtud cívica a la cual no debemos renunciar, si aspiramos a ser esa república con todos y para el bien de todos de que hablaba el Maestro.
”Por otra parte, un referendo legislativo como el que nos espera implica un dilema para el votante, obligado a aceptar o negar de modo categórico, ello lleva a que algunos opten por asumir lo que creen incorrecto para poder acceder a los aspectos beneficiosos de la norma propuesta; en tanto otros pudieran rechazar la totalidad del proyecto solo porque uno de sus puntos les parezca inaceptable. No es, sin embargo, un problema de solución difícil: bastaría con identificar, a partir de las asambleas populares y las manifestaciones más frecuentes en redes sociales, los aspectos de mayor preocupación para la ciudadanía y plebiscitarlos mediante una consulta previa, donde se vote sí o no por determinados aspectos, de suerte que el voto negativo obligaría a suprimir del proyecto el tema rechazado.
”Con relación al código propiamente dicho, creo muy meritoria la incorporación de abuelos y otros parientes en temas como la custodia y la comunicación con los menores, derechos-deberes estos exclusivos, hasta ahora, de los progenitores. En un país como el nuestro, agotado por sucesivos abandonos, muchos abuelos son protagonistas en la crianza de sus nietos y la norma no debe continuar ajena a esa triste porción de realidad. También son de aplaudir los postulados tendentes a proteger ese sector que hoy es común identificar con el adjetivo “vulnerable”; sin embargo, desde mi experiencia profesional soy escéptico al respecto porque mecanismos también existen en la actualidad, pero suelen funcionar mal. Podría hacer una larga relatoría de casos donde personas ancianas son víctimas de abusos, y pese a obtener incluso sentencias favorables no han solucionado —ni tan siquiera reducido— la victimización a que son sometidos debido a debilidades de nuestra institucionalidad. No basta con dictar hermosas normas, se requieren instituciones sólidas, dotadas de los medios suficientes y plenamente identificadas con su noble misión de proteger a los débiles contra el abuso de los más fuertes. Eso sí, es de aplaudir la mejora en el sustento normativo, ello sienta las bases para perfeccionar los eslabones subsiguientes.
”Me preocupa en extremo el tratamiento dado a la relación entre padres e hijos, mas no por lo meramente semántico que podamos hallar en la sustitución del tradicional término patria potestad por el de responsabilidad parental, muy en boga actualmente. Entre otros argumentos a favor del cambio he escuchado acerca de la concepción originaria de la expresión patria potestad, que en la antigua Roma otorgaba una posición tiránica al pater familias, o sea, al hombre que fungía como cabeza del grupo familiar. Sin embargo, a nadie parecería sensato llamar al corazón entidad responsable del bombeo sanguíneo, solo porque el sustantivo es de origen latino y en la cultura occidental se le ha asociado a sentimientos completamente ajenos a la función del órgano, como la predisposición a la bondad (corazón de oro) y la maldad (no tiene corazón), o el amor.
”No es, pues, cuestión de continentes, sino de contenidos. Más allá de la denominación que se quiera dar a la institución, el artículo 134 del código en ciernes, al relacionar los elementos conformadores de la responsabilidad parental, nos presenta un amplio catálogo de deberes, sin que uno solo de sus pronunciamientos sirva de soporte a la autoridad que necesariamente —en mi opinión— han de ejercer los padres sobre sus hijos. Ante la crisis de valores que desde hace tres décadas nos lacera, urge potenciar la autoridad familiar, porque toca a los padres enrumbar a sus hijos en un medio social cuya complejidad aumenta por días. Preocupa mucho, entonces, que el inciso d) del artículo 145 autorice la desobediencia de los hijos respecto a decisiones de sus progenitores que consideren contrarias a su interés superior. Se fundamenta ello en el carácter progresivo otorgado por el legislador a la capacidad y autonomía de los menores, base desde la cual se propone llegar de manera casuística al elemento de mayor importancia, el llamado interés superior del menor, a cuya procura quedará sometida la relación de este con sus padres. La vaguedad de esa expresión dará cabida a diversas interpretaciones y puedo aseverar a partir de mi experiencia práctica que ya está sucediendo. Semejante empoderamiento del menor podría traer consecuencias de suma gravedad para la estabilidad de una estructura familiar, creo yo. Visto, además, que en situaciones de conflicto habrá de intervenir como tercero dirimente un ente público, muy poco quedará después de la armonía propia de una familia y esa ruptura, acaecida al nivel de los cimientos, se extenderá por todo el edificio de nuestra sociedad”.
Y.P.: “Hay varios aspectos positivos en el Código que se propone, algunos de ellos son: la atención que presta a situaciones de violencia intrafamiliar, la elevación de la edad para contraer nupcias hasta los dieciocho años, la libertad de los contrayentes sobre el establecimiento del régimen económico del matrimonio, el cambio de paradigma respecto de la tutela de personas en situación de discapacidad, la importancia reconocida al interés superior del menor en sede de familia, entre otros.
”Sin embargo, existen otros aspectos notablemente controvertidos que versan sobre las instituciones del matrimonio, la adopción, algunos supuestos de multiparentalidad y el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida (TRHA) que ciertamente merecen detenerse en ellos y repensarlos. Para ilustrar apunto brevemente algunos supuestos problemáticos en torno a las últimas:
”Una de las propuestas del Código consiste en la fertilización postmortem, es decir, que con consentimiento previo del miembro de la pareja fallecido, quien le sobreviva pueda acudir en el plazo de un año, prorrogable por dos meses, a las TRHA para concebir un hijo del difunto. Esto que puede parecer una posibilidad romántica, en el orden biojurídico le caben objeciones de peso, quizás la más importante estriba, precisamente, en el interés superior del menor (identidad, atención, educación, bienestar, etc.), pues ¿acaso puede considerarse que se opera en el interés superior del menor al garantizar concebir a un niño de un padre deliberadamente difunto?
”Otro caso controvertido es la gestación solidaria en la cual pueden intervenir un mínimo de tres y un máximo de hasta cinco personas (por ahora), sean estos: dos comitentes, dos donantes en caso que ambos comitentes fueran estériles y la gestante. La gestante es una persona y aún con el concurso de su voluntad parece ser ilegítimo garantizar que sea tratada como un objeto, como una mera incubadora. En cuanto al concebido, ¿propiciar que semejante fragmentación en cuanto a sus vínculos identitarios redunda en pos de su bienestar? Por otra parte, ¿qué ocurriría si los comitentes se arrepienten luego de haber quedado embarazada la gestante? No pueden obligarla a abortar, aunque no quieran que un hijo suyo nazca, pero tampoco la pueden obligar a hacerse responsable de un hijo que no quiso para sí misma, ¿qué destino tendría el niño?, ¿se obligaría a ambos padres a hacerse cargo de un hijo del cual no pudieron ‘deshacerse’ porque venía en el vientre de otra persona (sin mencionar las objeciones bioéticas al aborto) o sería entregado a una institución estatal? Evidentemente, parece ser que el niño sería el menos beneficiado en todo esto, pues es al único que nada le queda garantizado, ni siquiera el afecto que ha sido la bandera del Código”.
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¿Están preparadas las familias y la sociedad cubana para asumir e implementar esta propuesta?
M.R.: “Considero que no, porque la familia ha tenido una estructura y un sistema de relaciones que hunden raíces en siglos anteriores, todo lo cual cambiará de pronto —al menos legalmente— con la promulgación del pretendido código. Si la célula básica no está lista para asimilar una transformación, tampoco puede estarlo el todo del que forma parte. La magnitud de los cambios es enorme, y su implementación no responde, en mi opinión, a un proceso regular de identificación de la población con los nuevos principios y valores de que la norma resulta portadora, salvo aspectos puntuales. Nótese que hablo de identificación, no ya de aceptación, porque una cosa es entender de qué trata el asunto y otra prestar consentimiento. Ello pudiera parecer un mero juego de palabras, pero es algo muy serio, porque sin comprender no se debe negar ni consentir, si actuamos de manera políticamente responsable. Sucede, sin embargo, que como el referendo nos coloca ante una disyuntiva ineludible, considero probable que no pocas personas voten, sea a favor o en contra, creyendo comprender, pero sin una percepción real de contenidos.
”Al referirnos a la aptitud para asumir el nuevo código, no está bien limitarnos a la sociedad como conjunto humano interrelacionado, es preciso tener también en cuenta su ámbito institucional. Si en las condiciones actuales nuestra institucionalidad queda en deuda ante importantes situaciones surgidas en el ámbito familiar, es difícil creer que esté preparada para poner en práctica con éxito tan grandes cambios. Una vez más hablo a partir de mi experiencia y quisiera, sinceramente, estar equivocado. Las leyes deben atender a la dinámica de las transformaciones ocurridas en la sociedad garantizando una envoltura supraestructural a tono con las bases, no proyectarse hacia una dimensión prescriptiva organizando la sociedad de acuerdo a los parámetros que los decisores consideren deba adoptar. Este proyecto hace lo primero respecto a algunos temas, en cuanto a otros viene a fungir como herramienta de transformación, cuando así ocurre se complejiza más la actuación de las instituciones encargadas de implementar los dictados legislativos. La colisión entre norma y realidad social puede acarrear consecuencias muy poco gratas, algo sobre lo cual sobran las experiencias”.
Y.P.: “La legislación no obra por el hecho de aprobarse. La ley para operar requiere de la educación para crear cultura, la cual tiende, a su vez, a un tipo de sociedad distinta de la que se tiene en cuanto a sus relaciones.
”La familia y la sociedad cubanas tienen varios retos que en el Código vienen previstos, uno de ellos en lo referido a la violencia, lamentablemente normalizado en muchos hogares y que es de aquellos puntos que aunque nuestra sociedad no esté preparada para cambiar de manera radical, sí necesita hacerlo. Igual ocurre con esos secuestros afectivos que se hace de los niños, verdaderos chantajes emocionales entre adultos, que privan al menor de comunicación con otros familiares, algo que también debe superarse.
”Hay otros aspectos contenidos en la propuesta que la sociedad cuestiona se trate de un movimiento de péndulo, de manera que en pos de subsanar la discriminación de tiempos pasados se haya llegado al extremo de, en lugar de reconocer derechos, conferir privilegios, ante los cuales no existe verdadero deber social de garantizarlos. Tal es el caso del acceso a TRHA para parejas homoafectivas bajo el estandarte de ‘salud pública’ y ‘derechos reproductivos’, cuando de una pareja así compuesta ni siquiera en estado óptimo de salud derivaría prole, pues la naturaleza del vínculo (el modo en que opera la unión) no lo propicia. Por tanto, no se trataría en este caso de asistir o restituir una capacidad, sino de conferir algo (en este caso ‘alguien’) que no le correspondería en modo alguno.
”Habría que decir, en general, que aunque se hace notar la necesidad de un nuevo Código de Familia, nuestra sociedad no está preparada para asumir el actual; junto a ello cabe subrayar que no necesariamente ha de ser esta propuesta la que satisfaga dicha necesidad, puede ser una distinta que mantenga todos aquellos elementos positivos y de consenso y que supere los aspectos razonablemente controvertidos”.
¿En su opinión, no solo como profesional, también como ciudadano, ¿qué tipo de medidas deberían implementarse o qué caminos seguir para la mejoría y progreso de la sociedad cubana?
M.R.: “Esa pregunta, que probablemente nos hemos hecho alguna vez todos los habitantes de la Isla, me supera. En las condiciones actuales cualquier barrunto de mejora para nuestro país pasa, sin duda, por su economía, de ahí que no sea yo la persona ideal para aconsejar. Sucede, sin embargo, que no es posible separar quirúrgicamente economía de política, como en ocasiones se ha pretendido, entre otras razones porque los resultados económicos, buenos o malos, son consecuencia de procesos de toma de decisiones a cuyo cargo están quienes en la nación gestionan los asuntos políticos. Cabe entonces tratar el tema desde diversos ángulos.
”Creo que para comenzar la andadura en busca de soluciones es preciso repensar aspectos estructurales del Estado cubano, de manera que los poderes públicos operen en forma separada con mecanismos de interrelación, capaces de garantizar la cooperación sin afectar la necesaria independencia. Verdad es que al concentrarse las funciones de mando se concentra también la posibilidad del éxito; pero en contrapartida sucede otro tanto respecto a la del error. Una estructura de poder monocéntrica es sumamente provechosa en el acierto, porque garantiza una mayor e inmediata operatividad a su implementación; pero ante el error resulta fatal porque la sociedad no tiene modo de contrarrestarlo.
”La idea de la separación de poderes, presente en el artículo XVI de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, nos remite de inmediato al pensamiento liberal, con Locke y, sobre todo, Montesquieu, aunque es anterior incluso a ellos; mas no por esa referencia histórica hemos de considerarla patrimonio exclusivo del liberalismo. Creación humana al fin, resultando válida, puede ser empleada perfectamente entre nosotros. En un Estado que se proclama democrático, donde el pueblo es constitucionalmente titular de la soberanía, nada obsta para que la ejerza mediante órganos de poder convenientemente separados, con capacidad para complementarse en la actuación, contrarrestarse en el exceso, y reaccionar de forma constructiva ante el error.
”Pienso, desde mi ignorancia, en lo ocurrido con la denominada ‘Tarea Ordenamiento’. Con independencia de la buena intención que animara a quienes desde el ámbito ejecutivo la gestaron, sus resultados y consecuencias distan mucho de lo anunciado públicamente en sus umbrales. La implementación fue inmediata, como suele pasar en una sociedad que, por monolítica, puede consagrar todas sus energías en pos de un fin determinado, sin voces ni actuaciones discordantes. Una sociedad policéntrica, en cambio, habría podido reaccionar contra algo que en un momento especialmente crítico de nuestra economía parecía, incluso a los legos, preocupante. Entonces, como ahora respecto al proyecto de Código de las Familias, no había lugar en los medios de comunicación más que para el discurso encomiástico. Una refutación oportuna habría sido muy útil, sobre todo proviniendo de ámbitos especializados capaces de influir en los poderes públicos y llevarlos a fungir como necesarios contrapesos, algo que con la vigente estructura estatal no resulta posible. Si, como afirma el texto constitucional, compartimos entre todos, la titularidad respecto a la soberanía de nuestra nación, pensar distinto no nos convierte en enemigos, tampoco estar en contra de decisiones adoptadas en el ámbito de lo político, trátese de un plan inflacionario o de un proyecto de codificación en el entorno familiar. Soberanía, a fin de cuentas, no significa identidad, significa libertad”.
“Cuba necesita de todos los cubanos y el camino hacia un futuro prometedor pasa por el diálogo y por el respeto. Se necesita educar en el respeto primero a la persona y a la realidad, antes que, a las ideas, pues las mejores ideas nacerán en ese ambiente de respeto; se necesitan espacios donde estas ideas nazcan y no mueran prematuras, sino que se hagan viables. También será necesario potenciar verdadera participación y protagonismo social para hacer que acontezcan los cambios necesarios, pues sin la posibilidad de una auténtica implicación ciudadana la Isla no dará más que tumbos en el mar sin rumbo a ninguna parte. Esto no sucederá si solucionar problemas se convierte en un slogan y no en una realidad. Pensar y hacer Cuba es algo que nos debemos con todos y para el bien de todos”.
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